Vecinos buscan anular la declaratoria que permitió la tala de bosque nativo con especies protegidas para instalar la central hidroeléctrica Rucalhue.
La instalación de centrales de generación hidroeléctrica en el río Biobío y en otras zonas del centro sur ha sido motivo de largos conflictos socioambientales con comunidades mapuche, que ven a los ríos como lugares sagrados, de significancia cultural y de recolección de hierbas medicinales.
Ahora, la disputa se enfoca en la central hidroeléctrica Rucalhue, que sería la quinta instalación de este tipo en el río Biobío y la octava si se considera toda la cuenca. El proyecto fue declarado como “de interés nacional” por Conaf en 2023, e incluida en el plan de reactivación de Biobío tras el cierre de Huachipato.
Comunidades locales están intentando revertir esta declaración ante el Tribunal Ambiental, ya que habilita la tala de especies protegidas del bosque nativo, como el naranjillo y el guindo santo. La empresa ya taló la ribera norte del río en la zona del proyecto, y resta talar la ribera sur.
La central Rucalhue ha generado una larga disputa con comunidades de la zona que ya han vivido el impacto de otras centrales hidroeléctricas que impiden el uso libre del río por la falta de información sobre el cierre de compuertas, que puede hacer subir el nivel del agua muy rápidamente tornando peligroso el baño o la ocupación de la ribera.
También ha contado con el rechazo de autoridades locales, como alcaldes de Quilaco y Santa Bárbara, por el impacto ecológico y social de talar bosque nativo en las riberas del río.
Los vecinos reclamantes sostienen que la central no cumple los requisitos para ser declarada de interés nacional ya que no tiene relación con políticas de desarrollo sostenible y que se está ignorando el impacto ambiental de la iniciativa. También declaran que esta declaratoria debería haber contado con una consulta indígena previa, ya que es una medida que habilita la tala e intervención de especies de significancia cultural y medicinal para el pueblo mapuche.
Además, sostienen que durante la tramitación del permiso, organismos como el Ministerio de Medio Ambiente y las municipalidades de Santa Bárbara y Quilaco se manifestaron en contra de otorgarle la calidad de interés nacional al proyecto. Desde el Gobierno Regional de Biobío se declaró que la iniciativa se contrapone con instrumentos regionales de desarrollo y conservación de la biodiversidad.
