Informe obtenido vía Transparencia acreditó intervención de vegetación nativa sin Plan de Trabajo aprobado y Conaf pidió la multa máxima.
Imagen referencial sobre flora y fauna cerca de Dominga - Foto cedida
Un informe técnico de fiscalización de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) constató la corta de vegetación nativa protegida sin contar con un Plan de Trabajo aprobado en un sector de la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, donde se desarrollaban faenas asociadas a un sondaje de Andes Iron SpA, titular del proyecto minero-portuario Dominga.
El documento fue obtenido por Alianza Humboldt mediante una solicitud de Transparencia y da cuenta de una inspección realizada el 26 de febrero de 2026. Según los antecedentes entregados por la organización, Conaf determinó que la intervención constituye una infracción a la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y solicitó al Juzgado de Policía Local de La Higuera la aplicación de la multa máxima.
El procedimiento se originó a partir de una denuncia de terceros. Durante la fiscalización del 26 de febrero de 2026, funcionarios de Conaf verificaron faenas de limpieza y remoción de vegetación asociadas a un sondaje de Andes Iron SpA.
De acuerdo con el informe técnico, la intervención se produjo sin un Plan de Trabajo aprobado para esa área. El organismo dejó además constancia que “no existe registro de solicitudes para esa área específica”.
Entre las especies identificadas en el sector figuran Balbisia peduncularis, conocida como flor de San Juan; Copiapoa coquimbana; Echinopsis chiloensis, conocida como quisco; y Eulychnia acida, conocida como copao.
Según el reporte, la corta sin Plan de Trabajo afecta funciones y servicios ecosistémicos del lugar. Conaf señaló que la eliminación de vegetación expone el suelo a la acción directa del viento y las precipitaciones y disminuye la infiltración hídrica.
El organismo también indicó que la intervención reduce la capacidad reguladora de la humedad del suelo e incrementa el transporte de sedimentos hacia zonas bajas, además de alterar el funcionamiento natural de cursos de agua estacionales asociados.
El informe consignó además que los trabajadores presentes durante la fiscalización desconocían si existían otros sectores intervenidos.
Antonia Berríos, coordinadora general de ONG FIMA y abogada que participa en la causa en representación de comunidades locales, cuestionó que se hayan ejecutado intervenciones sin las autorizaciones correspondientes.
“Lo que aquí está en juego no es solo la superficie afectada, sino el hecho de que una empresa ejecute intervenciones en terreno sin los permisos que la ley exige y mientras su proyecto sigue discutiéndose en tribunales”.
“La institucionalidad ambiental no puede operar como un trámite posterior a los hechos consumados: los permisos existen precisamente para evitar este tipo de daño”, agregó.
El antecedente se conoce mientras Dominga mantiene una controversia judicial. Andes Iron sostiene que el proyecto cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente y que los recursos pendientes no impiden su avance. La empresa declaró el inicio del hito de construcción el 10 de agosto de 2026 y comenzó obras tempranas en La Higuera.
Organizaciones agrupadas en Alianza Humboldt, en tanto, sostienen que la situación judicial de la iniciativa aún no está definitivamente resuelta y cuestionan el avance del proyecto mientras existen recursos pendientes.
Junto con constatar la infracción, Conaf exigió un plan de corrección que contempla la revegetación con especies nativas, debido a la pérdida de suelo y de servicios ecosistémicos constatada en un sector de quebrada de alta sensibilidad hídrica.
Carolina Bahamondes, habitante de Los Choros y vocera de Modema, manifestó preocupación por la posibilidad de que existan otras áreas intervenidas.
“Estamos realmente indignados. Esto se supo por la denuncia de una persona, no sabemos si existen otros lugares donde la empresa ya ha intervenido sin siquiera tener un permiso definitivo para construir, es frustrante”.
“Aquí nadie nos avisó nada. Si no hubiera existido esa denuncia, esto seguiría oculto, ¿cuántos otros lugares estarán interviniendo sin tener las autorizaciones?”, agregó.
Marcelo Villalobos, vecino de la comuna y presidente de la Corporación de Turismo Sostenible de La Higuera, sostuvo que “el daño ya está hecho” y cuestionó que la intervención se haya realizado sin el permiso correspondiente.
“Y lo más grave es que lo hicieron sin permiso, como si aquí las reglas no corrieran para ellos”, añadió.
La fiscalización de Conaf se conoce en momentos en que Andes Iron ya inició obras tempranas de Dominga. La compañía informó que el 10 de agosto declaró formalmente el hito de inicio de construcción establecido en su RCA. Posteriormente, dio a conocer públicamente el comienzo de los trabajos en La Higuera.
El inicio de estas obras no equivale, por sí solo, a que todas las instalaciones contempladas en el proyecto puedan comenzar a operar inmediatamente. De acuerdo con los antecedentes publicados sobre el proyecto, Andes Iron continúa avanzando en la obtención de permisos sectoriales necesarios para sus distintas etapas.
Al mismo tiempo, la situación judicial continúa siendo materia de controversia. Mientras la empresa sostiene que su RCA está vigente y que los procesos pendientes no impiden avanzar, organizaciones opositoras afirman que la iniciativa continúa sometida a revisión judicial.
Para Alianza Humboldt, el informe de Conaf resulta especialmente relevante porque documenta una intervención de vegetación nativa realizada sin el Plan de Trabajo exigido para esa área.
“Mientras la empresa intenta instalar la idea de que el proyecto está avanzando, lo único que efectivamente avanzó fue la destrucción ilegal de vegetación nativa. El informe de Conaf es categórico: se intervino sin permiso una zona de alto valor ecológico”, señaló Nancy Duman, vocera de Alianza Humboldt Atacama-Coquimbo.
La organización plantea que la fiscalización debería extenderse a otros sectores del área de influencia de Dominga para determinar si existen nuevas intervenciones no autorizadas.
Asimismo, pidió que el Juzgado de Policía Local de La Higuera acoja la solicitud de multa máxima presentada por Conaf y que se verifique el cumplimiento efectivo del plan de revegetación exigido por el organismo.
