Cuestionada por la industria salmonera y foco de campañas de difamación, la ley Lafkenche ha sido reconocida como una herramienta de resguardo ambiental.
Mares navegados ancestralmente por pueblos originarios. Foto: Conaf
Polémica ha generado un reportaje transmitido por Informe Especial en TVN donde se asegura que la organización noruega Norwegian People´s Aid (NPA) aportó hasta $ 500 millones a comunidades indígenas en Chile para impulsar la ejecución de la Ley Lafkenche en el país.
Los cuestionamientos apuntan a que el país nórdico es el principal competidor de Chile en la industria salmonera.
El debate motivó declaraciones del presidente José Antonio Kast afirmando que se está estudiando modificar o incluso derogar la ley y que requerirá explicaciones al gobierno noruego.
El subsecretario de pesca también declaró que se buscaría modificar la ley Lafkenche para eliminar la suspensión en entrega de concesiones mientras se tramita la solicitud, y para limitar la cantidad de hectáreas que puede solicitar una comunidad.
Por su parte, las comunidades indígenas que están solicitando la creación de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) bajo la Ley Lafkenche firmaron un comunicado rechazando el reportaje de TVN y acusando una larga campaña comunicacional en contra de la ley por parte de la industria salmonera.
“El falso relato omite que esta ley, construida en democracia y aprobada, prácticamente por unanimidad por parlamentarios de todo el espectro político, es en realidad una herramienta de resguardo de los usos consuetudinarios de los pueblos originarios que protege explícitamente los derechos de todos los actores de la costa, incluidos los de la industria salmonera. Los hechos demuestran que las comunidades mapuche han llegado a múltiples acuerdos tanto con actores de la pesca como con otros actores del borde costero con miras a promover la sana convivencia”.
Cuando se promulgó en 2008 la Ley Lafkenche, la norma tenía un apoyo transversal, y senadores y diputados desde la UDI hasta el Partido Socialista coincidían en que se estaba saldando un vacío legal y reconociendo el uso del mar y modos de vida de los pueblos indígenas que se practican en Chile desde antes de la colonización.
Esta normativa surgió como respuesta a las concesiones industriales que, desde 1992, con la Ley de Pesca y Acuicultura, habían excluido a pueblos originarios y pescadores artesanales, otorgando libre acceso a la actividad industrial pesquera.
En las últimas décadas, además, se han entregado cientos de concesiones marítimas a la industria salmonera, incluso dentro de áreas protegidas y también en zonas de uso ancestral de pueblos originarios como la Reserva Nacional Kawésqar en Magallanes, sin que se tome en cuenta la visión de estos pueblos sobre el desarrollo y los impactos de esta industria en territorios que han habitado desde antes de la colonización.
El impacto ambiental de la salmonicultura en los mares del país ha sido ampliamente documentado, ya que deja el fondo del mar sin oxígeno por la cantidad de materia orgánica que acumulan las jaulas salmoneras, además del uso excesivo de antibióticos que se vierten al mar, la mortandad masiva de salmones y eventos de escape de estos peces exóticos, que depredan a la fauna marina nativa ya otros recursos de la pesca artesanal.
La industria también ha protagonizado casos de ilegalidades, entrega de información falsa a autoridades ambientales y otros incumplimientos que han afectado la naturaleza dentro de mares históricamente ocupados por pueblos originarios.
Para crear un ECMPO, las comunidades indígenas deben acreditar los usos consuetudinarios que han hecho sobre cierto territorio costero ante la CONADI, y además deben generar un plan de administración en diálogo con todos los actores que tienen interés en la zona, desde la pesca artesanal hasta las actividades industriales.
La ley ha sido calificada por especialistas como una herramienta de manejo pesquero, de resguardo de derechos de pueblos indígenas y también de conservación ambiental.
“Los ECMPO sólo son aprobados cuando existe ya un plan de administración, lo que es un avance con respecto a otras áreas protegidas. Estos espacios son evaluados cada dos años, y si se constata que ha habido una afectación a la biodiversidad, las comunidades pierden la administración”, ha explicado Yacqueline Montecinos, encargada de biodiversidad marina en WWF Chile.
“La Ley Lafkenche no busca frenar el desarrollo, sino ordenar el territorio costero bajo principios de respeto, diálogo y cuidado de la biodiversidad. Promueve la convivencia entre todos los actores del lafken, integrantes de un pueblo originario o no. Entonces, ¿lo que incomoda es la ley en sí misma o que las comunidades costeras sean protagonistas del desarrollo de sus territorios?”, se declara en el comunicado de las organizaciones contra el reportaje.
Además, en el comunicado se recuerda que en los mares chilenos también operan salmoneras de capitales noruegos, con interés en que la industria se expanda.
Comunidades indígenas han denunciado durante los últimos años una campaña de difamación contra la ley y las comunidades que buscan ejercerla, impulsada por la industria salmonera.
Esta campaña ha permeado en el discurso público incluso con información falsa, como las declaraciones de que la mitad de la actividad salmonera en Aysén corría riesgo de aprobarse dos solicitudes de ECMPO, cuando en los hechos las concesiones que ya están operando no se ven afectadas por este instrumento.
También se han instalado relatos tergiversados sobre las facultades de la ley generando divisiones dentro de los territorios entre pescadores artesanales y comunidades indígenas.
El senador Fidel Espinoza, impulsor de uno de los proyectos para modificar la ley, declaró ante el Congreso que los ECMPO “pasan por sobre los pescadores artesanales”, mientras que Iván Moreira acusó que los pescadores “tienen que pagar peaje” para poder trabajar en las ECMPO.
Estos relatos han sido incluso denunciados por miembros de la pesca artesanal, que declaran que se han visto beneficiados por la creación de ECMPO que aumentan la salud costera. Desde Sernapesca han negado por su parte que existan denuncias de solicitud de pagos para operar dentro de estos espacios, y los senadores tampoco entregaron antecedentes para verificar los dichos.
La ley Lafkenche no entrega el uso exclusivo del espacio a las comunidades indígenas, como sí lo hacen las concesiones para actores industriales, sino que protege los usos consuetudinarios y las actividades que constituyen modos de vida para los distintos actores de la costa, desde las comunidades indígenas que muchas veces son pescadoras, hasta la pesca artesanal, el turismo y también la coordinación con actividades industriales para que resguarden esos usos consuetudinarios acreditados.
En su artículo 15, la norma indica que las comunidades asignatarias de estos espacios no pueden impedir el acceso o el libre tránsito marítimo, ni impedir otros usos reconocidos por el Plan de Administración. Desde Sernapesca se ha negado que existan denuncias de pagos
Tampoco se puede declarar que la ley Lafkenche representa un obstáculo significativo para la industria salmonera en el país. “Desde que entró en vigencia la ley Lafkenche el año 2008, se han aprobado 43 ECMPO con una superficie superior a las 306.000 hectáreas. Desde entonces la industria salmonera no ha parado de crecer. Las exportaciones de salmones aumentaron un 120% entre 2012 y 2024, pasando de US$2.890 millones a US$6.371 millones. En 2025, Chile cosechó la histórica cifra de 1.146.700 toneladas de salmónidos y continúa siendo el segundo mayor productor mundial después de Noruega”, declara en un artículo del medio Ciper la Coordinadora del programa "Biodiversidad y alternativas al desarrollo", Lorena Arce.
