Escala violencia contra ley Lafkenche: Amenazan de muerte a defensor huilliche en medio de campañas de desinformación
Desde Eduardo Frei hasta candidatos presidenciales y senadores de oposición y del oficialismo se han sumado en el último tiempo a declaraciones de rechazo contra la Ley Lafkenche, que permite a comunidades indígenas administrar Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) de los que sus pueblos hayan hecho uso ancestral.
Este relato público también se ha filtrado en las comunidades costeras, donde incluso se denuncian campañas de desinformación contra la ley levantadas por la industria salmonera. En los últimos días, un dirigente huilliche que lleva adelante la solicitud de un ECMPO en una isla de Chiloé fue amenazado de muerte, ilustrando que la creciente violencia en el discurso permea en el territorio.
Este hecho tiene un antecedente grave: en febrero de 2024 desconocidos entraron forzadamente a la casa de Daniel Caniullán, dirigente de la comunidad indígena Pu Wapi que solicita un ECMPO en Aysén, y destruyeron muebles sin robarle nada. Luego recibió audios amenazándolo de interponer acciones legales contra él si no retiraba la solicitud.
Parlamentarios y voceros de organizaciones han denunciado que la arremetida contra esta ley está alimentando el odio y la discriminación racial generando divisiones entre comunidades indígenas y organizaciones de pescadores artesanales, que históricamente han trabajado en conjunto para crear ECMPO que beneficien a ambos.
Así se denuncia también en el podcast Mar Abierto, donde incluso pescadores artesanales critican la división que se está generando en las comunidades costeras a raíz de este discurso. Entre los testimonios, un ex trabajador de salmoneras y actual buzo mariscador relata que la llegada de la ECMPO a su territorio mejoró las condiciones para los pescadores artesanales de la zona que participaron junto a las comunidades indígenas en la administración del espacio.
Mitos y proyecto de reforma
La ley Lafkenche surgió a raíz de la organización de pueblos Lafkenche que reclamaban por la invisibilización de los modos de vida y actividades tradicionales de comunidades indígenas en las políticas públicas de pesca y ordenamiento costero. Se trata de una legislación que ha sido destacada por organismos internacionales como la ONU por su alto estándar en protección de derechos humanos y reparación con pueblos originarios.
Ahora, avanza en el Senado un proyecto de ley impulsado por el senador Fidel Espinoza (PS) y patrocinada por senadores del PS, UDI y Renovación Nacional, buscando “perfeccionar” la ley. Este proyecto “introduce modificaciones que, en la práctica, limitan la aplicabilidad de la ley y hacen retroceder gravemente los estándares y garantías dispuestas para la protección de los ECMPO y los usos consuetudinarios indígenas frente a otras actividades económicas”, reflexiona el abogado del Observatorio Ciudadano, Christian Paredes, en una columna de opinión publicada por el medio Ciper.
El proyecto se está desarrollando sin haberse sometido a consulta indígena como lo estipula el convenio 169 de la OIT y sus impulsores han declarado información falsa y denuncias no verificadas contra la ley.
Paredes destaca por ejemplo la afirmación de Fidel Espinoza en una sesión del senado, donde acusó a los ECMPO de “pasar por sobre los pescadores artesanales”. Por su parte, Iván Moreira de la UDI acusó que pescadores artesanales “tienen que pagar peaje” para poder trabajar en las ECMPO.
Las acusaciones de que los ECMPO paralizan todas las otras actividades son contrarias a lo que dice la misma ley, donde se aclara expresamente que las solicitudes de estos espacios no se pueden sobreponer ni afectar derechos previamente otorgados en las áreas, como las áreas de manejo para pesca artesanal, o los cientos de concesiones acuícolas que ya existen en la Patagonia para la industria salmonera. También obliga a las comunidades a generar un diálogo con todos los actores que usan el mar e integrarlos en la administración del área.
En cuanto a la acusación de cobros por parte de comunidades para usar los espacio, Paredes destaca que ninguno de los políticos que han afirmado esto presentan algún antecedente de un caso y tampoco existen denuncias en Sernapesca por hechos como este.
La Ley Lafkenche también ha sido destacada por la comunidad científica como una herramienta de conservación ambiental, ya que para otorgarse las comunidades tienen que presentar un plan de manejo donde contemplen acciones para mejorar la salud del ecosistema costero solicitado, y se deben someter a metas de protección que, si no se cumplen, pueden hacer caducar el instrumento.
