Cuando se promulgó en 2008 la Ley Lafkenche, la norma tenía un apoyo transversal, y senadores y diputados desde la UDI hasta el Partido Socialista coincidían en que se estaba saldando un vacío legal y reconociendo el uso del mar y modos de vida de los pueblos indígenas que se practican en Chile desde antes de la colonización.

Ahora, la legislación enfrenta cuestionamientos por parte de la industria salmonera y de un proyecto para reformar la ley, que se tramita en el Congreso y genera alertas entre comunidades indígenas y ambientalistas.

¿Qué es la Ley Lafkenche?

Ley Lafkenche crea una figura llamada Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO); una figura de protección que permite a comunidades indígenas administrar territorios costeros de los que sus pueblos han hecho uso ancestral.

Para poder administrarlos, se genera un proceso participativo con todos los actores que tienen intereses sobre ese territorio, desde pescadores artesanales y mariscadores hasta el sector industrial, para definir en conjunto el ordenamiento de ese lugar y las actividades que se pueden permitir en cada sección. Este ordenamiento debe garantizar la conservación del ecosistema marino y de los usos tradicionales indígenas, así como de las actividades artesanales.

La Ley Lafkenche no es excluyente ni entrega el uso total del espacio a un solo actor, como si lo hacen otras concesiones costeras. En este caso, los administradores del espacio deben cumplir requisitos de diálogo y también de cuidado de la biodiversidad en los ECMPO. Tampoco se puede impedir dentro de estas áreas la actividad de concesiones industriales que ya hayan sido otorgadas.

Lo que sí se puede hacer en estos espacios, y que es la razón de conflicto con la industria salmonera, es frenar el otorgamiento de nuevas concesiones hasta que no se termine de tramitar el espacio, lo que en algunos casos ha demorado más de 7 años. Esto ha puesto un límite a la rápida expansión salmoneras en mares que han sido usados por pueblos indígenas durante generaciones.

¿Cómo surgió la ley?

El proyecto de ley lleva el nombre de las comunidades mapuche lafkenche costeras que lo promovieron desde 2005, y en su formulación participaron por años decenas de líderes y lideresas indígenas de pueblos como los Diaguita, Chango, Mapuche Lafkenche y Kawésqar.

Esta normativa surgió como respuesta a las concesiones industriales que, desde 1992, con la Ley de Pesca y Acuicultura, habían excluido a pueblos originarios y pescadores artesanales, otorgando libre acceso a la actividad industrial pesquera.

Un documental de 2021 de la Fundación Para la Superación de la Pobreza relata la historia de la ley y el trabajo para promulgarla.

En 2021, el gobierno de Sebastián Piñera destacó la Ley Lafkenche ante un comité de derechos humanos de Naciones Unidas, subrayando su valor en la protección de los derechos de los pueblos originarios, como un avance del Estado chileno en materia de igualdad y lucha contra la discriminación.

¿Qué se quiere cambiar?

El proyecto de reforma a esta ley busca modificar artículos sobre la implementación de la norma y los procesos administrativos para la solicitud de ECMPO.

Se incorporan nuevos requisitos a las comunidades que soliciten los espacios, se excluye del área protegida a caletas y caladeros y se obliga a rechazar la solicitud de ECMPO si CONADI no responde dentro del plazo establecido, además de acotar el tiempo por el que deben quedar suspendidas las solicitudes de concesiones industriales dentro de espacios en trámite.  

Para especialistas en derecho ambiental, las reformas propuestas no son necesarias ya que están establecidas en la ley, y el problema es que las tramitaciones se alargan por sobre los plazos estipulados debido a demoras en el Estado, por lo que se puede mejorar su implementación para lograr los objetivos de la reforma sin necesidad de cambiar la ley.

Para Lorena Arce, co directora del Observatorio Ciudadano, la amenaza del proyecto de reforma no son las modificaciones que propone sino que se le puedan sumar otras indicaciones a lo largo de su tramitación.

Otros especialistas y comunidades critican que se haya presentado una reforma a esta ley sin que haya una consulta indígena, como lo estipula el convenio 169 de la OIT para los procesos que afectan directamente la vida de comunidades indígenas.