Tras el estallido social, habitantes de zonas de sacrificio ambiental por contaminación, o de extrema sequía, votaron en masa la opción del apruebo para que se escriba una nueva Constitución, buscando una respuesta institucional a las problemáticas por las que se manifestaron en 2019.

A cinco años del estallido, quienes viven en lugares como la bahía de Quintero siguen sufriendo intoxicaciones por la contaminación industrial y comunidades de lugares como Petorca siguen perdiendo modos de vida por la falta de agua mientras se abastecen de camiones aljibe, sin haber logrado cambios estructurales en cómo se distribuye este recurso.

¿Ha avanzado algo?

Desprivatizar el agua en Chile fue una de las demandas más sonadas durante el estallido y los dos procesos constitucionales. Aunque se aprobó una reforma al Código de Aguas, para algunos especialistas la forma de decidir y distribuir este recurso no ha sufrido cambios de base.

“Ha habido pequeños avances en políticas públicas de cambio climático y biodiversidad, pero en lo inherente al territorio esos cambios son menores. Se avanzó en darle aire a las zonas de sacrificio por contaminación industrial, pero para las zonas que viven la crisis hídrica no ha habido una respuesta institucional”, analiza el abogado ambiental de la ONG FIMA, Ezio Costa.

En zonas saturadas de contaminación, se ha avanzado en el cierre de plantas termoeléctricas y en aprobar nuevas normas que regulan la medición y límite de ciertos contaminantes, pero en la práctica siguen ocurriendo intoxicaciones.  

“Persiste un centralismo excesivo en la toma de decisiones sobre la gobernanza de las cuencas, ya que esta recae principalmente en la Dirección General de Aguas (DGA), lo que limita la participación de aquellos que no son propietarios del agua, especialmente los sectores que promueven la preservación de los ecosistemas”, afirman por su parte desde la organización Chile Sustentable.

Ambas organizaciones trabajan con comunidades de territorios que se enfrentan a la degradación ambiental en primera línea, y han organizado diversas instancias de debate y acción ciudadana sobre estos problemas.

¿Quién decide sobre el medio ambiente?

Para Costa, entre las demandas de comunidades bajo sufrimiento ambiental durante el estallido, había un llamado por poder influir en las decisiones que se toman sobre sus territorios, y que afectan la salud, calidad de vida y formas de sustento de sus habitantes.

“Esto no ha cambiado y por el contrario, las reformas que se están tramitando apuntan a centralizar aún más las decisiones y dejar a las personas fuera de esa deliberación, entregando los recursos naturales a ciertas industrias por un supuesto beneficio que obtendría el país, que como ha pasado, en el tiempo ese beneficio que se plantea no termina siendo tal”, sostiene.

Se refiere a la reforma al Servicio de Evaluación Ambiental que se tramita en el Congreso, y que ha sido criticada por más de 200 ONGs que enviaron una carta conjunta alertando que las indicaciones que se han agregado a este proyecto “limitan el control del Estado sobre el patrimonio natural del país” y “entregan un poder desmedido a los intereses económicos”.

Desde la organización Chile Sustentable tienen una visión similar sobre el nuevo impulso a industrias como la del litio o la del hidrógeno verde, para las que se están concesionando recursos naturales como los salares o suelos silvestres de Magallanes, a cambio de beneficios económicos para financiar el desarrollo social en el país.

“Hoy nos encontramos apostando por nuevos minerales como el litio, que generan un alto impacto en la biodiversidad. Esto es especialmente preocupante cuando se amenaza a áreas protegidas, saltándose aspectos clave de la institucionalidad ambiental. Nos alarma que se estén debilitando las barreras de protección ambiental, que tanto esfuerzo costó levantar, debido a la presión del sector económico para facilitar los procesos de permisos”, afirman.