La Comunidad Atacameña de Peine recurrirá al Primer Tribunal Ambiental para revertir la decisión del Comité de Ministros que aprobó la construcción de un proyecto minero destinado a la producción de cloruro de potasio en el Salar de Atacama, iniciativa que había sido desestimada los últimos cuatro gobiernos.
Se trata de la iniciativa presentada ante el SEIA en 2009 por el Grupo Errázuriz “Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine”, que suma una inversión de US$43,2 millones para la elaboración de 200 mil toneladas de este mineral, con una vida útil de 20 años.
El proyecto fue rechazado en cuatro oportunidades por los gobiernos de Sebastián Piñera I y II, Michelle Bachelet II y Gabriel Boric, durante los años 2012, 2017, 2021 y 2025, tanto por la Comisión de Evaluación Ambiental como por el Comité de Ministros.
La comunidad denunciante asegura que la iniciativa carece de elementos técnicos acordes a la legislación chilena en materia medioambiental. Además, buscarán contactarse con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para que transparenten por qué no fueron invitados a participar de la sesión del Comité de Ministros celebrada el pasado jueves 7 de mayo, pese a las reiteradas cartas planteando la solicitud.
Falta de antecedentes técnicos y mitigación
Durante los últimos 17 años las autoridades ambientales determinaron que no fue posible evaluar de forma adecuada el impacto del proyecto, debido a diversas deficiencias en la información entregada por la empresa. Entre los principales reparos se identificaron problemas en la línea de base ambiental, en particular en la caracterización de ecosistemas frágiles del Salar de Atacama, como vegas, bofedales y sistemas lacustres.
También se observó la falta de antecedentes suficientes en materias clave como hidrogeología, hidrología y biodiversidad, incluyendo eventuales efectos sobre especies protegidas como el flamenco andino, clasificado como vulnerable y con sitios de nidificación en la zona.
A esto se sumaron observaciones técnicas al modelo hidrogeológico utilizado para proyectar el impacto de la extracción de salmuera. Según los evaluadores, no se acreditó con certeza cómo el bombeo afectaría los niveles de agua ni la existencia de barreras naturales que separen las áreas de extracción de ecosistemas sensibles cercanos.
Asimismo, se cuestionó que parte de los parámetros de monitoreo y alerta provinieran de información de terceros, en lugar de estudios propios realizados en terreno. Las autoridades añadieron que el proyecto no incorporaba medidas claras de compensación o reparación frente a los eventuales impactos ambientales identificados.