Santiago de Chile, aeropuerto Pudahuel, domingo 15 de agosto de 1976, hace exactamente medio siglo. Un avión aterriza y cuando los pasajeros comienzan a bajar, desde la terraza del recinto un grupo coordinado enseña letreros y lienzos que dicen: “curas chuecos”, “curas vendidos”, “hijos del marxismo”, “sacerdotes SÍ, activistas NO”, al mismo tiempo, las personas gritan consignas ofensivas contra tres obispos chilenos. Es, claramente, un ataque planificado a la Iglesia Católica nacional.
Tres días antes, a las 17:30 horas del jueves 12, agentes de seguridad del dictador ecuatoriano Alfredo Poveda violentamente irrumpen en el Hogar Santa Cruz en Riobamba, donde se realiza una reunión eclesiástica, cuyo objetivo era “(…) propiciar (…) una búsqueda de nuevas formas de evangelización que respondieran a la problemática que por entonces se vivía”. En el encuentro participan 17 obispos, junto a sacerdotes y laicos de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Venezuela, España, México, Estados Unidos, Colombia, Bélgica, España, Alemania, Perú, Holanda, Gran Bretaña y Ecuador. Los chilenos son Fernando Ariztía, obispo de Copiapó; Carlos González, obispo de Talca; y Enrique Alvear, obispo de San Felipe.
En forma violenta los agentes de seguridad arrestan a todos los participantes acusándolos de tratar aspectos de política internacional con enfoques marxista, y de intervenir en asuntos internos de Ecuador con fines subversivos.
A continuación, registran completamente el hogar buscando documentos marxistas que justifiquen los arrestos. El anfitrión del encuentro, Leónidas Eduardo Proaño, obispo de Riobamba, conocido por su defensa de los pueblos indígenas, los enfrenta. “Aquí el único documento subversivo es el Evangelio”, les dice.
Ya de noche, en un bus escoltado por varios vehículos de seguridad, el grupo es trasladado hasta la capital del país. En el trayecto los secuestrados cantan salmos, canciones religiosas y rezan. En Quito son recluidos en un cuartel policial.
En el lugar de detención los visita Monseñor Luigi Accogli, Nuncio Apostólico del Papa Pablo VI. Este les comunica que los extranjeros serán deportados.
Así, el domingo 15 de agosto, al arribar al aeropuerto de Pudahuel, en un país donde están totalmente prohibidas las manifestaciones, y carabineros las reprime con fuerza, los tres obispos se encuentran con una violenta protesta contra ellos organizada por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Al abandonar el área de llegadas son insultados, injuriados, golpeados, les arrojan monedas y piedras, y rompen los parabrisas de sus autos. Por momentos los eclesiásticos temen por sus vidas ante la planificada encerrona.
Ante esta brutal agresión, la Iglesia Católica de Chile reacciona con firmeza. El Comité Permanente del Episcopado en declaración pública del 17 de agosto de 1976, señala claramente a los autores del hecho. “Protestamos con indignación por lo sucedido en el aeropuerto de Pudahuel, al permitirse la manifestación concertada y masiva de consignas vejatorias contra tres Obispos chilenos, con directa participación de miembros identificados de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)”.
En la dura declaración, el Episcopado también acusa a la prensa dictatorial, “con igual y mayor energía, [protestamos] contra la violencia y agresión verbal de algunos medios de comunicación de nuestro país. (…) Condenamos de modo especial la forma tendenciosa e injuriosa con que el vespertino "La Segunda", el matutino "El Cronista" y el Canal Nacional de TV han desfigurado la verdad y provocado un clima de militante hostilidad contra la Iglesia, personificada en sus Pastores. Por esta vía de agresión verbal se prepara –lo sabemos por amarga experiencia— la agresión física contra quienes son sistemáticamente presentados ante la opinión pública como enemigos de la Patria, o de un grupo que dice representarla”.
Además, los prelados consideraban que era de tal gravedad este hecho, que advirtieron que los autores que profesaban la religión católica caían en causal de excomunión: “conforme a las normas canónicas vigentes, quienes ejercen violencia contra la persona de un Arzobispo u Obispo incurren automáticamente en excomunión reservada de modo especial a la Santa Sede”. Para los agresores católicos era la condena al infierno.
Firmaban esta proclama el Cardenal Raúl Silva Henríquez, arzobispo de Santiago; Juan Francisco Fresno Larraín, arzobispo de La Serena; Carlos González Cruchaga; obispo de Talca; José Manuel Santos A., obispo de Valdivia; Carlos Camus Larenas, obispo secretario de la Conferencia Episcopal de Chile.
La agresión contra los obispos chilenos expulsados de Ecuador ejecutada por agentes de la DINA formaba parte de los ataques sistemáticos contra la Iglesia Católica. La dictadura civil-militar utilizaba sus organismos secretos y la prensa afín para intentar amedrentar a los prelados por su constante defensa de los Derechos Humanos.
Este ataque, lamentablemente, no sería el último.
