El desafío no consiste simplemente en agilizar regulaciones, sino en mejorar la capacidad del Estado para evaluar, fiscalizar y ordenar el territorio.
Paisaje del lago Lleu Lleu, en la Región del Biobío, un territorio profundamente valorado por comunidades mapuche.
Ruth ContrerasLa última Encuesta Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático (Ipsos, julio de 2026) confirma un dato incómodamente conocido. El 85% de las y los chilenos está de acuerdo en que el cambio climático genera eventos extremos, pero solo un 3% lo menciona entre los tres problemas más urgentes del país.
Esa distancia entre conciencia y prioridad política no es una contradicción ciudadana; revela algo más complejo. La crisis ecológica todavía no se comprende suficientemente como el resultado de un modelo económico que durante décadas ha ignorado los límites ecológicos y ha organizado la producción como si sus consecuencias ambientales fueran un problema secundario. No se trata, por tanto, solo de los efectos no deseados de nuestro estilo de vida, sino de cómo producimos, qué producimos y bajo qué condiciones organizamos nuestra economía.
Los resultados de la encuesta también muestran que la ciudadanía asigna responsabilidades distintas a distintos actores. El 77% evalúa negativamente el comportamiento ambiental de las empresas privadas, frente a un 64% para las propias personas y un 53% para el Estado. Más que expresar un rechazo a la actividad privada, estos resultados pueden leerse como una demanda por mayores responsabilidades para quienes toman decisiones que tienen efectos ambientales sobre terceros. El desafío es establecer reglas que permitan que quienes producen e invierten incorporen adecuadamente esos impactos en sus decisiones.
Pero esta crítica no implica un rechazo al desarrollo. Un 55% prefiere compatibilizar el cuidado ambiental con el desarrollo económico, y un 41% acepta flexibilizar regulaciones sin retroceder en protección. El desafío no es abandonar el crecimiento, sino preguntarnos qué tipo de desarrollo queremos: no solo más producción, sino mayor bienestar sostenido en el tiempo.
Ahí existe un punto de encuentro entre desarrollismo y ecologismo. La transición energética, el transporte público, la eficiencia energética y la economía circular no son únicamente políticas ambientales: requieren grandes inversiones, generan empleo, abren espacios para la innovación y crean nuevas oportunidades productivas. La ciudadanía no está pidiendo menos desarrollo, está pidiendo que ese desarrollo mejore su vida y que sus costos no recaigan siempre sobre los mismos.
Ese consenso nacional convive, sin embargo, con realidades distintas según el territorio. Mientras la leña para calefacción preocupa especialmente en el sur —50%, frente a un 24% a nivel nacional—, en la Región Metropolitana el principal problema identificado es el parque automotriz, con un 38%. En el norte, más vinculado a la actividad minera, un 24% está dispuesto a rebajar las exigencias ambientales para activar la economía, un tercio más que el promedio nacional de 16%.
Estas diferencias importan porque muestran que no existe una sola experiencia de desarrollo. Los costos y beneficios de los cambios económicos y ambientales se distribuyen de manera distinta según el territorio. Cualquier política que ignore esa realidad corre el riesgo de ser percibida como una imposición.
Algo similar ocurre con el 82% que respalda proteger los humedales urbanos, aunque eso limite la construcción de viviendas. No se trata simplemente de una preferencia por la naturaleza, sino del reconocimiento de que estos ecosistemas cumplen funciones —como reducir inundaciones y regular el agua— que las decisiones de mercado no necesariamente incorporan. Protegerlos, por tanto, no es una decisión contra el desarrollo urbano, sino una forma de reconocer que el desarrollo también depende de las condiciones ambientales que lo hacen posible.
Por eso, el debate sobre la llamada “permisología” debería ser más amplio. El desafío no consiste simplemente en agilizar regulaciones, sino en mejorar la capacidad del Estado para evaluar, fiscalizar y ordenar el territorio. Una buena regulación no busca impedir la inversión, sino establecer condiciones para que quienes producen e invierten incorporen en sus decisiones los costos ambientales que generan. Es decir, hacer efectivo un principio básico de la política ambiental: quien contamina, paga.
Que solo un 15% crea que existe un plan de gobierno claro frente al cambio climático confirma que el problema no es comunicacional. Chile ha avanzado en conciencia ambiental; lo que falta es traducirla en decisiones políticas. Y no estamos hablando de algo inédito.
Suecia demostró que se puede poner un precio real al carbono sin sacrificar competitividad: implementó en 1991 su impuesto —el más alto del mundo— con exenciones específicas para su industria exportadora, mientras aplicaba la tasa completa al resto de la economía, y hoy sigue entre las diez economías más competitivas del planeta.
Costa Rica creó en 1997 un sistema de pagos por servicios ambientales financiado principalmente con un impuesto a los combustibles y logró revertir décadas de deforestación. Francia lleva seis décadas gestionando sus aguas mediante agencias de cuenca financiadas bajo los principios de “quien contamina paga” y “quien usa, paga”. Y Australia Occidental, uno de los principales destinos mundiales para la inversión minera, exige desde 2013 que toda empresa minera aporte anualmente a un fondo que rehabilita pasivos ambientales mineros, como relaves y faenas abandonadas.
En los cuatro casos, la sensibilidad ambiental ya existía. Lo que cambió el resultado fue la decisión política de convertirla en reglas exigibles y sostenidas en el tiempo, más allá del ciclo político. También significa entender que las condiciones ecológicas no son un asunto externo a la economía. Son parte de las condiciones que permiten producir, invertir y generar bienestar. Cuando esas condiciones se deterioran, no solo perdemos biodiversidad y calidad de vida, también se deterioran las bases sobre las que se construyeron muchas de nuestras ventajas productivas.
No se trata de pegar políticas ambientales a una economía que muestra signos de esclerosis, sino de reconocer que las condiciones que hicieron competitivo nuestro modelo productivo están cambiando y discutir con seriedad cómo, dónde y qué producimos. Chile tiene conciencia, capacidades técnicas y herramientas de política pública. Lo que falta es convertirlas en una decisión política: hacer de la protección ambiental no un obstáculo para el desarrollo, sino una de las condiciones para construir uno mejor.
Esa conversación Chile todavía la tiene pendiente.
