América Latina es la región que más ha perdido biodiversidad en el mundo, con una disminución promedio del 95% entre 1970 y 2020, según el Living Planet Index. Al mismo tiempo, Chile cumple siete de los nueve criterios de vulnerabilidad establecidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En este contexto, cabría esperar que la protección de los ecosistemas y la adaptación climática ocupen un lugar prioritario en las políticas públicas.
Sin embargo, bajo la promesa de “agilizar la inversión sin descuidar el medio ambiente”, el gobierno de Kast ha impulsado medidas destinadas a acelerar la tramitación de proyectos y reducir tiempos regulatorios. La preocupación no radica únicamente en la velocidad de estos procesos, sino en el tipo de institucionalidad ambiental que se está incentivando.
Estas iniciativas parecen responder a una lógica común. Primero, se instala una narrativa de estancamiento económico que exige acelerar la actividad productiva. Segundo, se recurre a falsas dicotomías que presentan la protección ambiental como un obstáculo para el empleo, la vivienda o la infraestructura. Finalmente, la institucionalidad ambiental comienza a ser redefinida no por su capacidad para proteger ecosistemas y comunidades, sino por su capacidad para facilitar inversiones.
La primera operación puede observarse en declaraciones recientes del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien sostuvo el 4 de mayo que la salmonicultura se encontraba estancada desde el año 2000. Sin embargo, en el año 2000, la producción global de salmónidos en el país apenas superaba las 300.000 toneladas, según datos recopilados por Fundación Terram. En 2025, se llegó a 1,17 millones según SERNAPESCA. Anclándose en la posverdad, este tipo de diagnósticos contribuye a instalar la idea de que la expansión productiva constituye una necesidad urgente e inevitable; la única opción posible y razonable.
La segunda operación consiste en construir falsos dilemas. La caricaturización de lo ambiental como una preocupación reducida a “naranjillos”, “ranitas” o “arañitas” configura un escenario más amplio de desacreditación de la protección ambiental. Esta lógica ha sido reforzada por autoridades como el ministro Poduje, que ha contrapuesto “ranas versus humanos” o “humedales versus viviendas”, y por el ministro García Ruminot, quien ha planteado la necesidad de mayor “flexibilidad” para proteger especies de conservación, presentando la protección ambiental como un obstáculo antes que como una condición para un desarrollo sostenible.
La tercera operación es quizá la más preocupante. El gobierno ha apoyado el Plan Salmón 2050, que busca agilizar procesos de evaluación, y ha cuestionado mecanismos como la Ley Lafkenche o instancias consultivas asociadas a la Ley SBAP. Asimismo, el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional contempla compensaciones para empresas cuyos proyectos sean posteriormente anulados por tribunales.
A ello se suma la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que establece plazos máximos para resolver reclamaciones y busca acelerar la tramitación de proyectos considerados estratégicos. Sin embargo, muchas de las demoras observadas en la evaluación ambiental no obedecen necesariamente a una supuesta obstrucción regulatoria, sino a deficiencias en los antecedentes presentados por los propios titulares de proyectos.
La misma orientación se refleja en la reciente Cuenta Pública del Ministerio de Medio Ambiente, donde dicho Ministerio destacó como un logro haber “destrabado” un 60% de las inversiones y reducido los tiempos de resolución de reclamaciones ambientales.
El énfasis resulta preocupante: la institucionalidad ambiental comienza a ser evaluada principalmente por su capacidad para facilitar inversiones, antes que por su función de proteger ecosistemas y comunidades. Asimismo, pese a la promesa de agilizar la inversión sin perjudicar el medio ambiente, el gobierno parece concentrarse meramente en la dimensión económica de estas iniciativas, sin explicar cómo se resguardarán los ecosistemas y territorios potencialmente afectados.
En un país altamente vulnerable al cambio climático y atravesado por persistentes desigualdades socioambientales, resulta discutible presentar la expansión extractiva como única solución al empleo y la inversión, especialmente cuando existen alternativas vinculadas a la diversificación productiva o la innovación tecnológica capaces de compatibilizar de mejor manera desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.
Cualquier agenda ambiental responsable en nuestro país debe reconocer que las crisis ecológicas y sus consecuencias no afectan a todos por igual: suelen impactar con mayor intensidad a los ecosistemas más frágiles y a los sectores más vulnerables de la sociedad.
