Quienes defienden el modelo neoliberal nos vendieron un relato: estudien cinco años, esfuércense mucho y saquen su título, porque con eso lograrán una buena pega, ahorrar para la casa propia y una estabilidad económica que te permitirá decidir si formar o no una familia.
Para miles de jóvenes en Chile, creer en esa promesa significó amarrarse al CAE, asumiendo un endeudamiento brutal que hipotecó el futuro de familias trabajadoras. Porque la realidad es otra, más que estabilidad, muchos egresados y egresadas chocan con un presente ligado a la constante incertidumbre.
El mercado laboral no los recibe en lo que estudiaron, muchos terminan en el retail, en el comercio informal o en las cadenas de comida rápida, precisamente los sectores que hoy concentran a la juventud bajo modalidades part-time y sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes.
Es innegable que atravesamos una profunda crisis de desempleo y que hay que tomar cartas en el asunto con urgencia. Que la desocupación ronde el 10% es una tragedia, pero que ese 10% de los chilenos encuentre trabajo no puede hacerse a costa de precarizar al 90% que sí lo tiene, ni de crear nuevos empleos que no son dignos. Este gobierno no puede aprovecharse de la desesperación ciudadana frente a la cesantía para imponer, por la vía del chantaje, la agenda anti trabajadores que siempre han querido implementar.
La agenda laboral que hoy empuja la administración de Kast pretende instalar la contratación por horas, flexibilizar la ley de 40 horas, alterar las indemnizaciones por años de servicio y reintroducir causales de despido. Detrás de esta agenda de desregulación no hay progreso, sino precariedad. Legalizar la atomización del trabajo en horas desperdigadas significa reducir nuestras cotizaciones, liquidar derechos básicos y estrechar, aún más, nuestra capacidad de planificar nuestro futuro.
La falta de condiciones materiales para un trabajo digno es el verdadero motor de la precariedad juvenil. Esa inestabilidad constante opera como un combustible que alimenta la crisis de salud mental, un fenómeno ampliamente debatido, pero pocas veces abordado desde sus causas económicas y estructurales.
A los parlamentarios libertarios y republicanos que defienden este modelo y que, curiosamente, al mismo tiempo se escandalizan por la baja tasa de natalidad, hay que responderles con claridad, aquí tienen una de las razones de por qué los jóvenes no queremos tener hijos. ¿Qué certeza de calidad de vida decente le podemos asegurar a nuestros futuros hijos si ni siquiera tenemos la certeza de poder pagar el arriendo a fin de mes o de una previsión digna para nuestra vejez? La decisión de postergar la vida familiar es una respuesta de supervivencia frente a la precariedad material.
La juventud tiene el derecho a soñar con un proyecto de vida, pero ¿cómo podemos soñar frente a un gobierno que quiere meterse con todo aquello que significa seguridad social? No podemos permitir que, bajo el eufemismo de la flexibilidad, se dinamiten las pocas certezas que les van quedando a las familias chilenas.
Como estudiantes, no nos quedaremos como meros espectadores mientras se decide el rumbo de nuestras vidas. Seguiremos de cerca y con firmeza cada paso de esta discusión legislativa, vigilantes ante cualquier intento de retroceso en nuestros derechos. Al mismo tiempo, reiteramos nuestra absoluta disposición al diálogo, porque sin duda queremos debatir sobre cuáles deben ser las políticas laborales que la juventud requiere para acceder a un trabajo digno, con seguridad social y con certezas reales.