El 19 de marzo de este año, el gobierno, a través de su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el cobro del CAE para deudores con ingresos superiores a 1,5 millones brutos. Semanas después, el 7 de abril, precisó que se procedería a embargos en los casos donde los ingresos superaran los 5 millones, afirmando: "No queremos dar una batalla y cobrarles a quienes están dentro del 20%, 30% o 40% que estudiaron en universidades y que la FNE dice que son de carreras no rentables, pero sí hay personas que deberían estar pagando".
Todo esto, en el marco de un seminario organizado por la SOFOFA. La medida se concretó a fines de ese mismo mes, cuando la Tesorería confirmó haber iniciado los embargos contra personas con ese nivel de ingresos. ¿Será posible que los diputados y diputadas de esta República llamen al ministro de Hacienda a interpelación, dada la manifiesta y pública mentira que expresó?
Hoy, todos los deudores del CAE están expuestos a una cobranza abusiva que no sólo ignora sus ingresos (e incluso, una posible cesantía), sino que también los múltiples factores y mecanismos de pago contemplados en la Ley 20.027. Están sufriendo el actual embargo de sus remuneraciones depositadas en cuentas bancarias, pese a la inembargabilidad que consagra el artículo 57 del Código del Trabajo. Están en riesgo de ver su única vivienda familiar embargada por el Estado. Todo esto, bajo una pública y flagrante mentira del ministro Jorge Quiroz.
Y todo ocurre a vista y paciencia de la Contraloría y la Corte Suprema, que han hecho gala de una lavada de manos indignante, sabiendo que muchos deudores terminan pagando dos e incluso tres veces el valor real de su carrera, porque los bancos otorgaron créditos usureros y luego se reembolsaron del Estado con lucrativos excesos.
A estas alturas, es incuestionable la inmoralidad que implica pagar una carrera universitaria al precio de una vivienda. No podemos dejar pasar las consecuentes vulneraciones a derechos que está cometiendo este gobierno. Han mentido, y tienen a toda una generación de profesionales preguntándose dónde vivirán, cómo pagarán sus deudas, cómo ayudarán a sus familiares enfermos, cómo costearán la educación de sus hijos, mientras el Estado les arrebata sus sueldos, sus ahorros y, potencialmente, su hogar.
Esto no se trata de gente que no quiere pagar. Se trata de personas que pagaron hasta el agotamiento sin ver su deuda disminuir; de personas que no pudieron seguir haciéndolo porque la vida avanza y trae consigo otros problemas urgentes. Y ante todo eso, se trata de un Estado que los está maltratando y les ha mentido en la cara.
El nivel de pasividad de los diputados, de la Contraloría y de la Corte Suprema es vergonzoso. En cualquier otro gobierno, el ministro Quiroz ya estaría enfrentando varias acusaciones, pues este es apenas uno de los tropiezos que ha protagonizado en su gestión.
Desde que inauguró el gobierno agitando la bandera de la "quiebra fiscal" como excusa para modificar el MEPCO, pasando por la presentación de un proyecto de ley con normas inconstitucionales como la invariabilidad tributaria, los intentos de endeudar más al Estado mientras reduce impuestos a las grandes empresas, hasta la regularización de facto de actividades ilegales como las apuestas en línea: todo lo que ha dicho y hecho el todopoderoso Quiroz solo ha significado perjuicios y penurias para la ciudadanía.
