El gobierno de José Antonio Kast impulsa un proyecto redistributivo que implica el empobrecimiento de la mayoría de los hogares en Chile y el enriquecimiento de los sectores más acomodados. La estrategia del gobierno consiste en dar urgencia a la reducción del gasto público bajo el lema de que “no hay plata”, y en paralelo, empujar una reforma tributaria encubierta en el proyecto de “Reconstrucción nacional”, con el argumento de atraer la inversión de las empresas y así, generar crecimiento económico. Por medio del empleo (“la mejor política pública”, según Quiroz) los frutos de ese crecimiento llegarían a la mayoría de la población.
El aumento de la deuda pública en Chile es indesmentible, llegando en 2025 al 41,5% del PIB, según la DIPRES. Pero aunque el crecimiento de la deuda pública no sea algo deseable, Chile está lejos de requerir un drástico programa de ajuste que reduzca programas sociales. En términos comparados la deuda se mantiene muy por debajo de los países OCDE, que sostienen un endeudamiento promedio de 112% del PIB.
En la primera cuenta pública del gobierno, Kast señaló que en otros países un alza en el precio de los combustibles como la que ocurrió en Chile habría “ generado un estallido ”, agradeciendo a los chilenos por “asumir” el costo de una de sus políticas de austeridad y apretarse el cinturón.
¿Pero por qué un gobierno decide asumir el costo político y social de trasladar el impacto de la crisis directamente a los hogares? ¿Quién se beneficia de los “recortes”?
Frente a la solicitud de Hacienda para aumentar en US$6.200 millones el endeudamiento del gobierno central, la presidenta de la SOFOFA hizo un llamado al Congreso para que la deuda pública no supere el 45% del PIB. ¿Por qué el interés del empresariado en la deuda pública? La razón tiene mucho más que ver con las ganancias de las grandes empresas que con un debate democrático sobre las mejores prácticas de política fiscal.
La magnitud del endeudamiento fiscal es un factor relevante en la calificación de riesgo del país, el cual incide directamente en la calificación de riesgo de las empresas que operan en Chile y por tanto en el costo de endeudarse en el exterior. Este punto no es menor si se considera que las empresas no financieras tienen una deuda que más que duplica la deuda fiscal. Según datos del Banco Central en 2025 las empresas no financieras acumulaban una deuda equivalente a 90,1% del PIB de Chile.
Esta es una de las razones económicas que explican la presión empresarial por contener el gasto y empujar los recortes. Otra razón importante es que allí donde desaparece una prestación pública emerge un potencial nicho de negocios para el sector privado, como demuestra el caso pionero de las AFP en los 80.
Por otro lado, al bajar el gasto fiscal se abre la posibilidad de profundizar la baja de impuestos. El proyecto de Reconstrucción Nacional, llamado Ley Miscelánea, permitiría volver a integrar el sistema tributario, reducir el impuesto corporativo de un 27% a un 23%, eliminar impuestos a las ganancias del capital bursátil y garantizar invariabilidad tributaria de 25 años para grandes inversiones. Para el Ministro Ruminot estos cambios tributarios son el corazón del proyecto.
Al igual que los gobiernos de derecha en Argentina y Estados Unidos, Kast apuesta por impulsar la redistribución inversa, empobreciendo a la clase trabajadora para elevar la tasa de ganancia de la oligarquía global. Como se lee entre líneas en el discurso del presidente, la ciudadanía puede “asumir” o “estallar”. Se propone al país una apuesta arriesgada, apretar el cinturón en un país con casi 3,5 millones de personas pobres, en el que el 50% de las y los trabajadores gana menos de $600 mil y 1 de cada 4 personas mayores de 18 años tiene al menos una deuda morosa.
