En los últimos días, Chile, y de manera dramática la Región del Biobío, ha sido golpeado por temporales devastadores. Vientos que superaron los 90 km/h, decenas de localidades totalmente aisladas en el norte del país, inundaciones, techos desprendidos, cortes masivos de electricidad y el colapso de infraestructuras nos demuestran una verdad ineludible: la emergencia climática es una crisis del presente. Incluso hemos tenido que lamentar el fallecimiento de compatriotas.
La delicada situación nos lleva a preguntas realmente importantes: ¿Quién financia los bonos de emergencia? ¿Quién reconstruye la infraestructura pública afectada? ¿Quién entrega apoyo a las familias que perdieron sus viviendas o vieron afectada su fuente de ingresos? ¿Quiénes están en la primera línea despejando caminos, asistiendo a las familias damnificadas y gestionando albergues?, la respuesta es clara: Los municipios y los servicios públicos.
Son las municipalidades, muchas veces al límite de sus capacidades, y el Estado central los únicos actores con los recursos para responder cuando la naturaleza golpea. En los momentos de mayor vulnerabilidad, las familias requieren de un Estado fuerte, financiado y articulado que proteja la vida.
Sin embargo, la agenda política impulsada por José Antonio Kast y la derecha va exactamente en el sentido contrario, su objetivo de fondo es desmantelar el Estado y privatizar la respuesta a las crisis. Mientras la crisis climática exige mayor inversión pública y fortalecimiento de los gobiernos locales, la propuesta de la extrema derecha busca vaciar las arcas fiscales y dejar a los municipios a su suerte.
El mal llamado "Plan de Reconstrucción Nacional" es el reflejo de esta visión. Medidas como la rebaja del impuesto de primera categoría a las grandes empresas significan una pérdida permanente de cerca de US$1.800 millones en ingresos fiscales. A esto se suma la eliminación de contribuciones sin criterio de progresividad, una política que desfinancia directamente el Fondo Común Municipal, el principal instrumento de redistribución con el que se financian las comunas más vulnerables.
En la práctica, la agenda de Kast beneficia con exenciones a las comunas de más altos ingresos como Las Condes o Vitacura, mientras despoja de recursos a los municipios del Biobío y del resto del país que hoy colapsan intentando responder a los temporales.
Bajo la falsa promesa de que perdonar impuestos a los súper ricos generará crecimiento automático, lo que realmente se impone es un dogma que debilita la capacidad de respuesta pública. Menos recaudación significa menos bonos de emergencia, menos obras de mitigación, menos maquinaria municipal en las calles y menos ayuda para quienes lo perdieron todo.
Porque no es sólo la discusión de un proyecto de ley, estamos debatiendo qué modelo de país necesitamos para sobrevivir a las crisis que vivimos. La emergencia climática exige municipios con presupuesto, infraestructura robusta y un Estado fuerte. Continuar con la agenda de Kast es entregarle más recursos a quienes ya lo tienen todo, condenando a las familias trabajadoras a enfrentar cada una de las tormentas que vivimos, en completa desprotección.
Ante la inminente aprobación de esta reforma y el abandono que impone la agenda de Kast, no nos queda más camino que mirarnos a las caras y organizarnos desde abajo. Si pretenden desmantelar lo público y dejarnos a nuestra suerte, nos toca a nosotras y nosotros fortalecer el tejido social y demostrar que, en los momentos más duros, solo el pueblo ayuda al pueblo.
Es con esa convicción que, desde el movimiento estudiantil a nivel nacional, hoy estamos levantando con fuerza diversos Trabajos Voluntarios, desplegando a los estudiantes en las zonas afectadas para embarrarnos las botas, remover escombros y reconstruir codo a codo con las familias. Porque mientras el Gobierno de Kast nos da la espalda, las y los estudiantes elegimos la solidaridad activa, la organización comunitaria y la certeza de que a las crisis las enfrentamos de manera colectiva.
