Es claro hasta acá, que una Constitución democrática no debe ni puede dejar pre-instalado un catálogo con este tipo de medidas para quién ocupe el sillón presidencial, sea quien sea.
José Antonio Kast realiza su exposición, en encuentro empresarial Impulsa Biobio - Agencia Uno
El actual presidente José Antonio Kast ingresó al senado el pasado 17 de agosto una reforma constitucional. Sí, una reforma constitucional después de dos intentos fallidos, la que permitiría la creación de una quinta figura de excepción, el Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, y lo hizo aplicando la suma urgencia.
Hubo un rechazo transversal por lo desmedida de la propuesta que provocó un repliegue del gobierno, el cual habría que señalar que no es de fondo, sino que táctico. Lo que se propone, es una arquitectura de poder con una concentración de atribuciones que se otorga al presidente de la república que no se había visto desde el regreso a la democracia. ¡Esto debe rechazarse!
La propuesta permite al presidente de la república, sin consulta, activar el estado de excepción, ante “amenaza grave e inminente contra la seguridad pública”, cuestión que no está definida y que queda al arbitrio del ejecutivo que la invoca, y supone, atribuciones ampliadas como restringir la libertad de reunión y asociación, la libertad personal y de locomoción e interceptar comunicaciones sin autorización judicial previa, atribuciones que hoy están reservadas para el estado de guerra externa o civil, pero no para ser aplicadas en barrios con la excusa de combatir al narcotráfico.
Por otra parte, uno de los mayores problemas es su duración y las prórrogas que permite que su implementación por 120 días sea prorrogable a otros 120 días sin pasar por el congreso. Son ocho meses (240 días), cuando actualmente solo hay cinco (5) días para aprobar el estado de sitio. Hay que recordar, que ni siquiera el expresidente Píñera se atrevió a declarar estado de sitio durante el estallido social. Solo declaró el estado de emergencia. Por último, y algo que es sumamente grave es el uso de las Fuerzas Armadas en las zonas de excepción sin fijar con claridad relación de mando y control cuestión que queda para una ley posterior.
Hay que señalar que el crimen organizado es evidentemente un problema en nuestro país, pero lo que se presenta es a todas luces desproporcionado ya que durante ocho meses no hay control por parte del congreso y del poder judicial, por lo tanto, no hay un árbitro externo para decidir si la excepcionalidad está justificada o no, quedando solo a criterio del presidente en ejercicio.
El Constitucionalista Francisco Zuñiga lo denominó “populismo constitucional” y otro abogado como Javier Couso señaló que la actual constitución tiene las herramientas adecuadas para perseguir el crimen organizado.
Habría que señalar, que el rechazo no solo viene de la oposición sino también de sectores del oficialismo. La misma UDI señaló que esta reforma “daña la institucionalidad”. Pero quizás lo más complejo, es el costo para la población el cual no será abstracto. Ver vehículos militares en nuestras poblaciones que cortan las calles e impiden el libre tránsito, por ejemplo, o ver a vecinos que viven en un barrio estigmatizado quedar bajo el estado de excepción por el solo hecho de vivir en el lugar equivocado o familias a las cuales se les intercepta las llamadas sin autorización de un juez, no es una cuestión menor y nos retrotrae a los peores momentos de la dictadura cívico militar.
Durante la dictadura cívico militar (1973-1990) nuestro país vivió con estados de excepción. Bajo ellos, la dictadura implementó toques de queda, restringió las reuniones y la circulación y los aparatos de inteligencia interceptaron comunicaciones no solo para vigilar sino también para reprimir a los disidentes políticos.
Ahora si comparamos las reformas que se quieren implementar con la dictadura, no es para decir que se está por repetir los acontecimiento del año 1973, ya que la democracia y el estado de derecho funcionan, pero es necesario señalar que lo que se propone (vigilancia sin control judicial, restricción de derechos sin control parlamentario, Fuerzas Armadas en el orden interno) y todo esto por casi un año y activado unilateralmente, es más propio de un régimen autoritario que de uno democrático y quizás lo más complejo, es un repertorio de acciones que este tipo de regímenes podría usarlo para otros fines.
Es claro hasta acá, que una Constitución democrática no debe ni puede dejar pre-instalado un catálogo con este tipo de medidas para quién ocupe el sillón presidencial, sea quien sea.
Lo más cercano, por lo menos en nuestro continente, a lo que propone el actual presidente es el estado de excepción permanente de El Salvador, el cual ha tenido cerca de 52 prórrogas desde 2022, torturas documentadas por Human Rights Watch y más de 90 mil detenidos, lo cual es una advertencia hacia donde va un estado de excepción cuando este es una herramienta permanente. Por lo tanto, este tipo de medidas merece rechazarse.
También porque las causales de su aplicación son vagas, no tienen contrapeso y se elimina el control judicial sobre el Estado. Porque en relación con el uso de las fuerzas armadas en el resguardo del orden interno no se resuelve su mando y no queda claro a quién rinden cuenta. Porque hace de barrios enteros objeto de aplicaciones de medidas que solo se deben aplicar en caso de guerra permitiendo la suspensión de derechos fundamentales.
Se debe rechazar también porque la pregunta de fondo, de si nuestro país requiere de más seguridad, que la requiere, no es la pregunta. La pregunta es si se está dispuesto a tener más seguridad entregando a cualquier presidente la facultad de suspender derechos fundamentales que el mismo define sin congreso ni jueces. La respuesta es un absoluto no.
Para finalizar, hay que recordar que el presidente Kast en su programa “Atrévete Chile” de 2021 ya había propuesto equiparar el estado de emergencia con el estado de sitio y que esto reaparezca no es casualidad. Por lo tanto, el congreso no debería tramitar esta reforma y exigir el uso de las herramientas que ya están contempladas para combatir el crimen organizado, lo cual permite no desmontar los controles que hacen de Chile un país democrático. Así, de aprobarse las reformas, vamos directo a una dictadura constitucionalista de tomo y lomo.
