Proteger los humedales no es una opción ideológica ni un freno al desarrollo; es una responsabilidad con las personas, con los territorios y con el futuro de nuestro país.
Humedales en Chile.
En los últimos meses, el debate sobre la protección de los humedales urbanos ha vuelto a instalarse en la agenda pública. A ello se suman los efectos del reciente sistema frontal que afectó a gran parte de la zona centro-sur del país hace unos días atrás, dejando inundaciones, desbordes de cauces y numerosos anegamientos que volvieron a evidenciar la vulnerabilidad de nuestras ciudades frente a eventos meteorológicos cada vez más intensos.
Los eventos de la última semana no solo dejaron importantes daños materiales; también recordaron, una vez más, las consecuencias de haber alterado o eliminado ecosistemas que cumplen un rol clave en la regulación natural del territorio. Las intensas precipitaciones provocaron desbordes de ríos, activación de quebradas, cortes de conectividad y anegamientos en numerosas localidades del país. Muchos de estos fenómenos responden a la intensidad del evento meteorológico, pero sus impactos se agravan cuando el territorio ha perdido su capacidad natural para absorber y regular el agua.
En ese contexto, los humedales representan una de las principales infraestructuras naturales frente a estos eventos, actuando como reguladores hidrológicos que contribuyen a reducir los efectos de las lluvias intensas y las crecidas de ríos, reducir el riesgo de inundaciones y favorecer la infiltración. Estos permiten disminuir la vulnerabilidad de las ciudades frente a eventos cada vez más extremos, cuya frecuencia e intensidad aumentan en un escenario de cambio climático.
Más allá de sus beneficios ambientales, los humedales también cumplen una función estratégica para la seguridad y el desarrollo del país. Al reducir la exposición a inundaciones y otros eventos extremos, contribuyen a disminuir el riesgo económico y material, además de evitar los altos costos y el tiempo que implica la reconstrucción de infraestructura, establecer servicios esenciales y la recuperación de las comunidades afectadas.
En este contexto, resulta preocupante que la discusión pública continúe centrándose en presentar la protección de los humedales como un obstáculo para el desarrollo, el crecimiento económico o la solución del déficit habitacional. Lejos de sustentarse en evidencia científica, este enfoque desconoce el papel fundamental que cumplen estos ecosistemas, como defensas naturales, en la regulación de los flujos de agua, la reducción del riesgo de inundaciones y la adaptación de las ciudades frente a eventos extremos, cuya frecuencia e intensidad aumentan como consecuencia del cambio climático.
Las recientes declaraciones del presidente José Antonio Kast y del ministro de Vivienda, Iván Poduje, cuestionando la Ley de Humedales Urbanos y atribuyéndole parte de las dificultades para construir viviendas, han reabierto un debate que parecía superado por la evidencia científica y técnica.
Incluso se ha planteado la necesidad de revisar el fondo de la ley y sus reglamentos, argumentando que su aplicación ha dificultado el desarrollo de proyectos habitacionales. Estas afirmaciones han sido respondidas por especialistas y organismos técnicos, quienes han recordado que la delimitación de un humedal no depende de interpretaciones subjetivas, sino de criterios técnicos y científicos establecidos en la propia legislación y en sus reglamentos.
La ciencia es clara. Un humedal urbano no se declara porque un terreno "esté húmedo" ni porque exista voluntad política para hacerlo. La Ley N° 21.202 y su reglamento establecen que la delimitación debe sustentarse en criterios objetivos, considerando la presencia de un régimen hidrológico, vegetación hidrófita y/o suelos hídricos. Estos parámetros corresponden a estándares utilizados internacionalmente para identificar este tipo de ecosistemas, y actualmente están siendo actualizados por el propio Ministerio del Medio Ambiente para incorporar nuevos avances científicos y fortalecer aún más el proceso técnico.
Por ello, resulta preocupante que el debate político transmita a la ciudadanía la idea de que la Ley de Humedales Urbanos constituye el principal obstáculo para resolver el déficit habitacional. Ese planteamiento simplifica un problema mucho más complejo y desvía la atención de factores estructurales como la escasez de suelo bien planificado, la especulación inmobiliaria, la lentitud en los procesos de planificación territorial y la ausencia de políticas urbanas de largo plazo.
Los humedales no son terrenos baldíos esperando ser urbanizados. Son ecosistemas fundamentales que actúan como verdaderas esponjas naturales que almacenan agua durante lluvias intensas, disminuyen el riesgo de inundaciones, recargan acuíferos, filtran contaminantes, regulan la temperatura urbana y constituyen refugio para cientos de especies de flora y fauna. En un escenario de cambio climático, su conservación no responde únicamente a una preocupación ambiental; constituye una medida de adaptación ampliamente respaldada por la comunidad científica.
Paradójicamente, construir sobre humedales puede generar exactamente los problemas que posteriormente el Estado deberá enfrentar con mayores recursos públicos: barrios inundables, infraestructura dañada, pérdida de biodiversidad y comunidades cada vez más expuestas a eventos climáticos extremos. La naturaleza no elimina esos riesgos porque una ley sea modificada; simplemente los traslada a las personas.
Lo más preocupante es que este tipo de declaraciones contribuye a instalar una falsa dicotomía entre desarrollo y conservación. Se intenta hacer creer que proteger humedales significa impedir el acceso a la vivienda, cuando ambos desafíos deben abordarse de manera conjunta mediante una planificación territorial responsable. Las ciudades más resilientes del mundo avanzan precisamente integrando infraestructura verde, restaurando ecosistemas urbanos y evitando construir sobre áreas naturalmente inundables.
La discusión tampoco puede reducirse a una diferencia de opiniones. Existe una enorme cantidad de conocimiento generado por universidades, centros de investigación, organismos públicos y profesionales que durante años han estudiado el funcionamiento de los humedales en Chile. Ese conocimiento fue precisamente el que dio origen a la Ley de Humedales Urbanos y a sus instrumentos técnicos. Ignorarlo o minimizarlo empobrece el debate público y dificulta la construcción de políticas basadas en evidencia.
La protección de estos ecosistemas no debería depender del gobierno de turno ni transformarse en una disputa ideológica.
Chile enfrenta simultáneamente una crisis climática, una crisis de biodiversidad y una crisis habitacional. Ninguna de ellas se resolverá debilitando la protección ambiental ni enfrentando a la ciudadanía con la naturaleza. La solución pasa por mejores políticas de planificación urbana, decisiones respaldadas por evidencia científica y autoridades capaces de comprender que el desarrollo sostenible no consiste en elegir entre viviendas o humedales, sino en construir ciudades donde ambos puedan coexistir.
La ciencia lleva décadas demostrando que destruir humedales aumenta la vulnerabilidad de las ciudades. La experiencia internacional confirma que conservarlos reduce riesgos, mejora la calidad de vida y fortalece la resiliencia frente al cambio climático. Cuando el debate político desconoce esa evidencia o la reduce a consignas, no solo se debilita la protección ambiental; también se deteriora la calidad de las decisiones públicas.
Los humedales no son el enemigo del desarrollo. Son parte de la naturaleza que permite que nuestras ciudades funcionen de manera más segura y sostenible. La evidencia científica es contundente: conservar estos ecosistemas es una inversión para el futuro, mientras que destruirlos solo aumenta los riesgos y los costos, tanto económicos como ambientales para las actuales y próximas generaciones.
Chile necesita políticas públicas construidas sobre evidencia, no sobre percepciones o discursos políticos oportunistas. Cuando la ciencia es reemplazada por consignas, no solo pierde la naturaleza: pierde toda la sociedad. Proteger los humedales no es una opción ideológica ni un freno al desarrollo; es una responsabilidad con las personas, con los territorios y con el futuro de nuestro país.
