En 2025, la contralora Dorothy Pérez se consolidó como una figura fuerte al fiscalizar las licencias médicas de funcionarios públicos, detectando más de 12 mil licencias falsas. Ese número redondo le valió titulares que no lograron ser opacados por los problemas que la misma fiscalización arrastró después: certificados reales mal identificados, situaciones justificadas tratadas como irregulares, casos mal calificados. Fueron los menos, se dice. Pero doce mil suena a éxito, y la opinión pública quedó con la idea de que se venía mano dura contra quienes se aprovechaban del erario público.
Sin embargo, mirando la otra cara de la moneda, la afectación a los funcionarios sometidos a esos sumarios (que hasta hoy siguen su curso) no es un detalle menor, sobre todo considerando que el procedimiento administrativo en esta materia es arcaico y está expuesto a todo tipo de irregularidades: muchos expedientes son instruidos por personas ajenas a la especialidad normativa dado que no todos los servicios tienen departamento jurídico y, quienes son sometidos a este seudojuicio tampoco manejan la materia, quedando en la práctica en la indefensión. Es algo que no salta a la vista para quien no está familiarizado con el día a día de los servicios públicos, para quien observa de lejos a quien lo atiende tras el mesón o la ventanilla.
¿Aún le quedan créditos a Contraloría por ese acierto inicial? En un ejercicio por evaluar su actual imagen, vale la pena desglosar otros titulares sobre su labor.
La primera gran polémica entre la entidad fiscalizadora y el actual gobierno fue el retiro de 43 decretos relacionados con la protección del medio ambiente. Ese retiro es, en sí mismo, una facultad legítima del Ejecutivo entrante; la controversia surgió porque el Ministerio del Medio Ambiente decidió retirarlos apenas asumió, sin una justificación técnica detallada para cada instrumento (varios de ellos ya en la etapa final de tramitación), lo que generó cuestionamientos sobre la continuidad institucional del Estado en materia ambiental; pero por otra parte, quedó al descubierto la arbitrariedad con la que Contraloría opera respecto de algunos decretos que guarda en el cajón por meses, seleccionando cuales son revisados de forma prioritaria según una conveniencia difícil de trazar.
Por si esto fuera poco, el Servicio de Evaluación Ambiental terminó siendo una de las entidades cuyas resoluciones ahora deben pasar obligatoriamente por toma de razón de Contraloría, por decisión de la propia Dorothy Pérez, que sometió a su revisión decisiones sobre las que no tiene experticia técnica, como aquellas relacionadas con medio ambiente.
Y no es la única víctima de esta ampliación de facultades: el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección General de Aguas y las seremis de Educación, Salud, Vivienda y Medio Ambiente corrieron la misma suerte. Así, desde 2026 Contraloría opera como una suerte de guardián de casi toda la Administración pública, incluyendo materias que están lejos de su competencia práctica.
Al menos alguien puso freno a ese ímpetu fiscalizador: en junio de 2026, la Corte de Apelaciones de Valparaíso le ordenó abstenerse de solicitar datos sensibles de personas trans (listados nominativos, con RUT, nombre social y fecha de nacimiento) a los programas de Apoyo a la Identidad de Género y Salud Trans del Ministerio de Salud.
¿En serio nadie reparó, al interior del organismo, en lo vulneratorio que resultaba exigir ese tipo de información? La solicitud recuerda los peores episodios de "batalla cultural" protagonizados por otros personeros de gobierno, como el oficio de los entonces diputados Harry Jurgensen y Cristóbal Urruticoechea en 2021, que exigía identificar a docentes que dictaban cursos de género.
Paradójicamente, recibió menos atención la responsabilidad de la propia entidad en la filtración de datos sobre niños haitianos que se encontraban en Chile sin domicilio conocido. La polémica, justificada por la posible desaparición de menores, aunque terminó siendo un problema administrativo, se originó desde las oficinas de Contraloría y alimentó durante días las teorías más extremas de sectores afines al actual gobierno. Entre todas las autoridades y personas señaladas como responsables, pasó desapercibida la irregular situación ocurrida al interior de la propia entidad fiscalizadora.
Para equilibrar, alguien podrá argumentar que esta entidad también ha tenido roces con el gobierno actual. Pero esos roces son menores comparados con lo expuesto: el caso Steinert ya estaba cocinado antes de que Contraloría pusiera una piedra más; la demora en la Ley Uber afecta sólo a un sector específico del transporte; y la corroboración contra la alicaída vocera de Gobierno, Mara Sedini, de que el Estado no estaba "en quiebra" no solo era obvia, sino que hasta innecesaria.
Y los descontentos siguen sumando. Diversos especialistas en derecho (a falta de una oposición más atenta) han manifestado inquietud por la falta de estructura normativa, orgánica y financiera del gabinete de la primera dama: un cargo sin habilitación legal y cuyo ejercicio, sostienen, contraviene el principio de probidad al que está sometido incluso el propio Presidente. Sobre esa materia, Dorothy Pérez ha guardado un silencio que contrasta con su celo fiscalizador en otros frentes, a pesar de que existe un abultado presupuesto para la instalación y funcionamiento de dicho gabinete que excede lo descrito por el presidente, quien en una entrevista indicó que era para que la primera dama no ande en metro.
Finalmente, la guinda de la torta: la autoridad decidió abstenerse de pronunciarse sobre la legalidad del cobro de las deudas del CAE por parte de Tesorería, pese a que ese servicio ha abusado de los procedimientos destinados al cobro de tributos. Otras instituciones que sí han entrado al fondo de este asunto han resuelto que el procedimiento de Tesorería es ilegal (así lo han fallado varias Cortes de Apelaciones), mientras que las escasas resoluciones divergentes se limitan a declarar inadmisibilidad o abstención.
Si ni los tribunales que sí se pronuncian ni la Contraloría quieren zanjar el fondo del asunto, ¿quién lo hará? La misma pasividad se repite, sin justificación, frente al cobro desordenado que Tesorería aplica ahora a los becarios de ANID: mismo procedimiento, misma falta de servicio.
A estas alturas, la pregunta cae de cajón: ¿Contraloría está haciendo un trabajo regular?
