Mientras el país busca avanzar hacia la economía circular en la construcción, persisten brechas normativas y de mercado. El caso de las 170 viviendas de El Olivar ejemplifica el costo ambiental de demoler sin una estrategia de reciclaje.
Mientras el país busca avanzar hacia la economía circular en la construcción, persisten brechas normativas y de mercado. El caso de las 170 viviendas de El Olivar ejemplifica el costo ambiental de demoler sin una estrategia de reciclaje.
La sostenibilidad de las demoliciones en Chile atraviesa una fase de transición. Existen normativas, avances tecnológicos e iniciativas privadas destacadas, pero la industria aún enfrenta desafíos estructurales, algo visible en el caso de las viviendas de El Olivar, en Viña del Mar, donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ordenó demoler 170 casas por fallas estructurales.
En el país se generan más de 7 millones de toneladas anuales de residuos de construcción y demolición (RCD), y la tasa de residuos por metro cuadrado construido o demolido duplica la de varios países desarrollados. A esto se suma que buena parte de esos escombros termina en vertederos clandestinos, un pasivo ambiental para las comunidades aledañas.
Pese al diagnóstico, hay señales de avance. Grandes empresas especializadas aplican hoy conceptos de "deconstrucción" o demolición selectiva, logrando reciclar hasta un 80% de los materiales mediante la trituración de hormigón para generar áridos reciclados y la recuperación de acero.
En paralelo, existen hojas de ruta públicas —como la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en la Construcción 2035 — e iniciativas de Corfo y el Ministerio de Vivienda para incentivar la valorización de residuos, además de tecnología para mitigar el polvo y el ruido en obras de alto estándar.
Sin embargo, persisten brechas. La cultura de la deconstrucción sigue siendo marginal: se prioriza la demolición acelerada frente al desmontaje por etapas, por los costos y plazos de los proyectos.
El mercado de los áridos reciclados también es limitado, pues su demanda es baja frente al árido natural, pese a que reciclar hormigón o ladrillos es técnicamente viable. Además, disponer los escombros legalmente resulta más costoso que botarlos irregularmente, lo que fomenta la mala praxis en obras pequeñas y medianas.
Por eso, entidades como la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA) sostienen que la opción más sustentable suele ser rehabilitar el edificio antes que demolerlo.
El conflicto por las viviendas de El Olivar ilustra la tensión entre urgencia habitacional y sostenibilidad. A fines de mayo, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ordenó la demolición de 170 viviendas construidas por la constructora San Sebastián, tras fallas estructurales detectadas en informes técnicos.
Semanas después, Poduje volvió a la zona para evaluar el efecto de un sistema frontal sobre las viviendas intervenidas y reafirmó las denuncias de fallas técnicas tras constatar el desprendimiento de un muro.
El abogado de la constructora, Jaime Barrientos, ha cuestionado el proceso y acusado al Minvu de actuar sin respaldo administrativo: "Esto es una arbitrariedad en la que ha incurrido el ministro de Vivienda, señor Poduje, realmente descomunal", declaró.
De concretarse la demolición, la magnitud de la contaminación dependerá de los metros cuadrados de cada casa, los materiales predominantes —hormigón, albañilería o madera— y las distancias de traslado de los escombros.
A partir de promedios de la industria, el impacto puede estimarse en tres frentes. En residuos sólidos, una casa promedio genera entre 40 y 60 toneladas de escombros, por lo que las 170 viviendas producirían entre 7.000 y 10.000 toneladas que, de no reciclarse, saturarían la capacidad de acopio regional.
En material particulado, la maquinaria pesada y la caída de estructuras liberan MP10 y MP2,5, con riesgo de dispersar asbesto en construcciones antiguas si no se aplica riego constante. Y en emisiones, se requerirían entre 500 y 700 viajes de camiones tolva, generando entre 40 y 70 toneladas de CO2 equivalente, considerando un traslado de 20 a 30 kilómetros hasta el depósito final.
Para mitigar estos efectos, la industria recurre al humedecimiento continuo de las zonas de trabajo, a la segregación en origen de metales, maderas y hormigón —que reduce el volumen de vertedero entre un 30% y un 50%— y a cobertores obligatorios en los camiones para evitar el desprendimiento de material durante el traslado.
