Una comunidad educativa protegida no es aquella donde todos se observan como amenazas, sino aquella donde existen acompañamiento adulto, normas legítimas, vínculos confiables y respuestas pedagógicas oportunas.
Si bien toda comunidad educativa requiere protección para enseñar, aprender y convivir, la aprobación del proyecto de Ley “Escuelas Protegidas” no debería cerrar el debate público, sino volverlo más exigente, ya que la seguridad escolar es indispensable, pero no puede reducirse a sospecha, vigilancia, estigmatización y sanción (BioBioChile, 2026; Mineduc, 2026).
Nadie en su sano juicio podría sostener que las agresiones deban normalizarse. Las preguntas son: ¿Qué tipo de seguridad queremos construir? ¿Una pedagógica, preventiva y relacional? ¿O una centrada en el temor y el castigo?
Ante estas interrogantes, conviene revisar la amplia evidencia científico-académica que existe sobre el tema, en la que se observa que las políticas de convivencia escolar han oscilado entre un paradigma formativo-democrático y otro de control y sanción (Magendzo, Toledo y Gutiérrez, 2013). Por su parte, Carrasco, López y Estay ( 2012) advierten que ciertas formulaciones legales en la escuela pueden naturalizar una racionalidad penal por sobre una perspectiva pedagógica; mientras que López, Ortiz y Alburquerque ( 2020) profundizan en cómo se ha ido judicializando la convivencia escolar.
Cuando la convivencia se traduce en control, la escuela puede dejar de preguntarse qué conflicto expresa una conducta, qué vínculos se rompieron o qué apoyos faltaron, y empieza a concentrarse en identificar a los culpables y aislarlos. En esa línea, González López et al. (2024) muestran cómo la expulsión y la cancelación de matrícula se ha configurado en Chile como políticas de seguridad escolar, tensionando el derecho a la educación.
Aquí la autosignificación emerge como un punto central, ya que un niño, niña o adolescente no solo recibe una sanción, también interpreta qué le dice la escuela sobre quién es. Si el mensaje reiterado es “eres peligroso”, “eres sospechoso” o “eres un problema”, la protección se vuelve superficial, pues no cuida la subjetividad y marca a la identidad escolar con el sello de la amenaza. La criminalización escolar advierte que la vigilancia puede desplazar la identidad estudiantil hacia categorías del control penal (Hirschfield, 2008).
Esto no significa negar hechos graves ni abandonar a las víctimas, ya que una escuela protectora debe cuidar a quienes sufren agresiones, pero ese cuidado puede confundirse con normalizar la sospecha, vigilancia o castigo. Revisar pertenencias o endurecer sanciones puede ofrecer una imagen inmediata de orden, pero difícilmente constituye prevención formativa y educativa.
Por ello, la implementación de esta ley debería fortalecer la orientación educacional, el apoyo psicosocial, la formación docente, las prácticas restaurativas y el fortalecimiento de los equipos de convivencia. En Chile, la orientación educacional ha sido reconocida como dimensión formativa, preventiva, curricular, institucional y vocacional-profesional (Mineduc, 2021).
Además, siguiendo con la revisión de la evidencia en torno al tema, los estudios muestran que los climas escolares positivos se asocian con una menor violencia (Steffgen et al., 2013) y que las prácticas restaurativas ofrecen caminos preventivos más consistentes que la intensificación del castigo ( Alonso-Rodríguez et al., 2025).
Una comunidad educativa protegida no es aquella donde todos se observan como amenazas, sino aquella donde existen acompañamiento adulto, normas legítimas, vínculos confiables y respuestas pedagógicas oportunas. La seguridad debe ser condición para educar, no una racionalidad que sustituya lo educativo.