Su directora, Victoria Alonso, repasa los diez años del DRC en Chile y advierte sobre su uso indebido por parte de inmobiliarias: la sostenibilidad en juego.
Su directora, Victoria Alonso, repasa los diez años del DRC en Chile y advierte sobre su uso indebido por parte de inmobiliarias: la sostenibilidad en juego.
El Derecho Real de Conservación (DRC), creado por la Ley 20.930 de 2016, permite a los dueños de terrenos proteger la naturaleza a perpetuidad mediante un contrato inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. La sostenibilidad del medio ambiente es clave.
En este contexto, El Desconcierto conversó con Victoria Alonso, directora ejecutiva de Fundación Tierra Austral, organización que gestiona 18 proyectos de conservación y más de 21.600 hectáreas protegidas en Chile.
-¿Cómo surge el Derecho Real de Conservación?
La idea tiene ya unos 20 años e inició en 2006 y 2007, a partir de un diagnóstico que realizó The Nature Conservancy, una fundación ambiental de Estados Unidos con sede también en Chile. Enviaron a un especialista a averiguar por qué, con las condiciones que tenía el país, la conservación privada era tan limitada.
De ese análisis salieron dos conclusiones. La primera es que no existía una herramienta legal que diera certeza a los proyectos de conservación privada, más allá del santuario de la naturaleza, la única figura disponible en ese momento. La segunda es que faltaban incentivos económicos para avanzar en esta materia.
Para nosotros, conservación privada es todo aquello que no hace el Estado. Es muy diverso: lo hacen comunidades, familias, juntas de vecinos, no solo gente con mucha tierra y recursos. Aun así, el diagnóstico mostraba que se avanzaba muy poco. Un grupo de amigos y profesionales del área, con el apoyo pro bono de una oficina de abogados, creamos el proyecto de ley. Lo introdujimos como iniciativa parlamentaria al Congreso en 2008 y salió promulgado en 2016.
-¿Qué balance hace, en retrospectiva, a diez años de la creación de la ley?
Lo positivo es que el diagnóstico inicial tenía razón: contar con una herramienta legal que permite crear tangiblemente un área protegida genera muchas oportunidades. Nosotros lo hemos comprobado. La ley se creó amplia y flexible, porque la experiencia de otros países muestra que ese es su gran valor: se puede aplicar en situaciones donde las figuras tradicionales no alcanzan, como una hectárea al borde de un río o el último oasis de un valle agrícola.
Lo negativo es que esa misma flexibilidad permite usarla alejándose de su espíritu original. Uno de los problemas es cómo se ha utilizado como instrumento de marketing para vender loteos que no tienen intención real de conservación, sino de crear parcelas con un impacto ambiental enorme. No es ese el propósito de la ley, pero es tan flexible que no resulta ilegal usarla así, aunque sí es inapropiado.
-¿Por qué es importante para la conservación privada y la protección de ecosistemas prioritarios en Chile?
Esta herramienta existe en Estados Unidos, Canadá, Australia y Sudáfrica, países mayoritariamente sajones. Pero Chile tiene una particularidad en el contexto sudamericano: gran parte de su tierra es de propiedad privada. En los ecosistemas menos representados en las áreas protegidas públicas —la zona central y la zona norte—, más del 80% de la tierra es privada.
El Estado, a menos que compre esas tierras, no tiene cómo aplicar sus propias herramientas de protección. Y lo segundo es que una iniciativa de conservación cambia por completo cuando se formaliza: se puede asegurar un compromiso de largo plazo, a diferencia de cuando alguien simplemente dice que está conservando su parcela, pero puede cambiar de idea o venderla al mes siguiente.
Ese compromiso queda grabado en la tierra, así que da lo mismo quién sea el dueño: se debe seguir cumpliendo. La conservación es de largo aliento, y esa certeza más allá de una persona o una generación atrae recursos, capacidades y apoyos.
-¿Cómo ha sido el trabajo con 18 proyectos de conservación y más de 21.600 hectáreas protegidas a perpetuidad bajo altos estándares de conservación privada?
Ha sido sorprendente. Siempre supimos que este es un mecanismo legal, para establecer un compromiso jurídico. Pero en nuestra realidad ha generado, además del compromiso legal, un compromiso muy humano y social. Hemos llegado a lugares donde existía intención de conservación, pero faltaban herramientas y apoyo, y a través del DRC hemos podido potenciar esas capacidades al máximo.
Lugares que solían quemarse todos los años porque entraba gente sin control, desde que tienen un DRC nunca más registraron un incendio. En otros se robaba agua y, gracias a un guardaparque, eso también se detuvo. Hay especies de las que hoy podemos contar muchos más individuos que hace dos años, porque hemos podido regular el acceso a esos territorios.
-¿Qué puede contar sobre las especies que han logrado proteger?
Trabajamos con foco en la zona central de Chile, el ecosistema mediterráneo, donde vive el 65% de los chilenos. Es un ecosistema muy diverso, con muchas especies endémicas —aves como la turca, distintos tipos de astromelias y orquídeas—, en una zona muy transformada por la urbanización, cercana a Santiago, Rancagua y Valparaíso.
Cada pequeña acción que hemos realizado ha significado que especies con pocas posibilidades de sobrevivir ganen oportunidades de no extinguirse. Así de urgente es la conservación en estos espacios.
-¿Cuáles son los desafíos para 2030?
El mayor desafío, y no sorprende, es el financiamiento: poder costear estas iniciativas. Hoy tenemos 18 proyectos y cerca de 20.000 hectáreas, pero mantenemos una lista de espera que podría llevarnos a 300.000 hectáreas si contáramos con los recursos.
En cada contrato debemos actuar con responsabilidad: levantar líneas de base y asumir compromisos de monitoreo. Sin recursos para eso, no podemos firmar. No es que falte interés —eso ha sido muy alentador de comprobar—, sino que faltan recursos para dedicar el tiempo y el desarrollo científico necesarios.
-Hay empresas que venden terrenos como proyectos de conservación. ¿Qué opina de ellas, considerando que puede existir una disyuntiva al respecto?
Ahí hay un rol que organizaciones como la nuestra —que no somos muchas— debemos cumplir: educar al público sobre qué significa realmente un Derecho Real de Conservación. Si alguien quiere comprar una parcela en Patagonia, debería poder acceder fácilmente a un checklist de preguntas para verificar si es realmente un proyecto de conservación.
Hay proyectos de conservación compatibles con un desarrollo inmobiliario, siempre que sea limitado, que se ubique en las áreas menos frágiles y que la mayor parte del espacio esté destinada a la conservación. El objetivo es que el mercado descarte a quienes abusan de la herramienta. Hay proyectos que dicen tener DRC y en verdad nunca lo tramitaron.
Uno de los problemas de estas inmobiliarias es que terminan constituyendo el Derecho Real de Conservación con ellas mismas. Y uno de los elementos más importantes del DRC es que la contraparte sea independiente de esos intereses económicos. Si el titular del derecho es la misma inmobiliaria, nada impide que en algunos años, ya vendidos los sitios, decida modificar el contrato para lotear más terreno.
Hay tres elementos rápidamente verificables en un proyecto que dice ser compatible con la conservación: primero, la titularidad apropiada, es decir, que el titular del DRC sea un ente independiente. Segundo, que sea perpetuo —contratos a diez años no son conservación, sino especulación—. Y tercero, que existan valores de conservación reales, porque a veces solo se protegen espacios no construidos, como una plaza, sin garantizar la sobrevivencia de las especies del lugar.
