El caso que vincula a Carabineros, suma demandas ante el TDLC, cuestionamientos a licitaciones y antecedentes sobre mantenciones y contratos.
Imagen referencial: Airbus H125
Hace poco más de dos semanas, la Contraloría rechazó la compra de un helicóptero de Airbus Helicopters que Carabineros buscaba adquirir para operar en la Región Metropolitana. El monto de la transacción ascendía a $5,5 mil millones, pero el órgano contralor detectó vicios de legalidad en los requerimientos técnicos. Sin embargo, la resolución es solo la punta del iceberg de una disputa que desde hace años enfrenta a proveedores de aeronaves.
Uno de los puntos que observó la Contraloría al objetar la compra fue que las exigencias y especificaciones técnicas del helicóptero no estaban debidamente justificadas de manera documentada. Como ejemplo, el organismo advirtió que se requería una aeronave "nueva" y, al mismo tiempo, que su año de fabricación fuera "2023 o superior".
Lo ocurrido con esta licitación es solo uno de los episodios que han generado controversia en el mundo aeronáutico. Airbus Helicopters enfrenta una causa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) presentada por una de sus competidoras, Synerjet, firma que cuestiona una serie de procesos efectuados por la Dirección de Logística de Carabineros para la adquisición de helicópteros.
Según la demanda presentada por Synerjet en 2024, la Dirección de Logística de Carabineros habría estructurado un mecanismo destinado a favorecer a Airbus Helicopters. En concreto, sostiene que se habrían establecido barreras técnicas que dificultaban o impedían la participación de otros oferentes, configurando procesos que, en los hechos, operarían de manera similar a compras directas.
Si bien la acción judicial se originó a propósito de la licitación de un helicóptero para la IV Zona de Carabineros de Coquimbo, cuyo monto bordeaba los $9 mil millones, el supuesto patrón descrito por la empresa demandante se extendería, según su presentación, a otros procesos desarrollados en distintas partes del país.
Asimismo, y de acuerdo con los antecedentes de la causa, se trataría del único concurso en que Synerjet pudo competir con Airbus Helicopters, ya que en los demás procesos los requerimientos técnicos habrían constituido una barrera para participar.
Los negocios entre Airbus y Carabineros no solo han estado vinculados a la compra de aeronaves, sino también a cursos de capacitación y labores de mantenimiento. Es en este punto donde una fuente conocedora de la interna aeronáutica de la institución plantea una serie de cuestionamientos.
Uno de los casos se relaciona con el helicóptero Airbus H125 matrícula C-28, adquirido por Carabineros en noviembre de 2023 por aproximadamente $4 mil millones.
A diferencia de los automóviles, los helicópteros se rigen por un estricto calendario de mantenimiento. Existen revisiones obligatorias que deben efectuarse tras determinadas horas o días de vuelo, o luego de operaciones específicas. Estos procedimientos son necesarios para mantener la certificación de la aeronave.
En este caso, para efectuar dichas revisiones, Carabineros debía contar con la autorización de la DGAC. Por ello, el 29 de abril de 2024, mediante trato directo, la institución adjudicó a Airbus los servicios de mantenimiento de las primeras 150 horas de vuelo del helicóptero por un monto de $31,9 millones.
Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes revisados por El Desconcierto, esa no habría sido la primera intervención de mantenimiento realizada por la empresa en la aeronave.
Según información a la que tuvo acceso este medio, el coronel Javier Álvarez, prefecto de la Prefectura Aérea, habría solicitado mediante la orden FO-C.06 servicios de mantenimiento por parte de terceros para el Airbus H125, serie 9486, cuando este registraba 47,2 horas de vuelo.
Esas labores, presuntamente ejecutadas por Airbus, considerarían inspecciones correspondientes a las 10, 20, 30 y 50 horas de vuelo. La orden fue emitida el 5 de abril de 2024.
Según consta en Infolobby, Airbus solicitó una reunión con el coronel Álvarez el 4 de abril de 2024. Un día después, el oficial se reunió con ejecutivos de la empresa en dependencias de esta. Esa misma jornada, presuntamente, se emitió la orden de trabajo. De acuerdo con el registro de audiencia, la materia tratada fue la "presentación de oferta económica de avión C295, además de características y alcances".
Hace un mes, El Desconcierto publicó un reportaje sobre un avión de Carabineros, avaluado en $6 mil millones, que fue incautado por la PDI en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía de Antofagasta. Entre las personas mencionadas en esa indagatoria figura el coronel Álvarez, debido a una eventual intervención en favor de un determinado proveedor.
Respecto a las mantenciones del helicóptero, la institución habría señalado que correspondían a un servicio de posventa prestado por Airbus. Para conocer la versión oficial, este medio envió consultas tanto a Carabineros como a la empresa. La institución no respondió las preguntas formuladas.
Por su parte, Airbus explicó que no fue posible gestionar las interrogantes planteadas por esta redacción debido a que estas deben contar con la aprobación desde Europa. Cabe mencionar, que Airbus es una empresa transnacional con operaciones en diversos países.
En esa misma línea, según un reportaje de Biobío, en 2020 Airbus suscribió un acuerdo en Estados Unidos de alrededor de US$ 3.900 millones para evitar imputaciones por soborno y corrupción.
El helicóptero Airbus H125, debido a sus características técnicas, es utilizado en la formación, entrenamiento y certificación de nuevos pilotos de la Prefectura Aérea.
En ese marco, la institución ejecutó la contratación de un curso Ground para tres pilotos por $7,5 millones. El objetivo de la licitación era capacitarlos para operar el Airbus H125. Finalmente, dichas labores fueron adjudicadas a la única empresa oferente: Airbus.
Si bien la licitación siguió el procedimiento regular, las bases técnicas presentan un bajo nivel de especificidad. Entre sus principales exigencias figuraban únicamente que el curso se realizara en Santiago, tuviera una duración de cinco días y contara con autorización del fabricante o de la autoridad competente. No se detallan contenidos mínimos, carga horaria teórica ni otros aspectos propios de un programa de capacitación.
Para fuentes conocedoras de la interna aeronáutica de la institución, este proceso también debería ser objeto de revisión debido a que, supuestamente, el curso habría incluido más servicios de los que pagó Carabineros.
En su defensa ante el TDLC, la Dirección de Logística de Carabineros, representada por el Consejo de Defensa del Estado, rechazó íntegramente la demanda.
Respecto de la adjudicación del helicóptero para la Región de Coquimbo, la institución sostiene que Synerjet no fue excluida por un eventual sesgo, sino por incumplimientos formales considerados graves.
Según el CDE, la empresa afirmó cumplir los requisitos exigidos, pero no acompañó la documentación técnica necesaria para acreditarlo. Sobre la acusación de que las bases técnicas serían similares en las distintas regiones, la defensa sostiene que cada territorio constituye un mercado diferente y que las exigencias responden a sus necesidades operativas y geográficas.
Uno de los aspectos relevantes del caso dice relación con el financiamiento de las adquisiciones, ya que Carabineros solicita recursos a los respectivos gobiernos regionales. La empresa demandante sostiene que la institución presentaba alternativas de compra que se ajustaban a las capacidades económicas y técnicas de Airbus.
El CDE respondió que esas presentaciones tenían por objeto exponer las necesidades operativas de cada zona para obtener financiamiento y no favorecer a un proveedor específico. La causa continúa en tramitación ante el TDLC y una de las últimas actuaciones fue la incorporación del reciente pronunciamiento de Contraloría.
La controversia también fue conocida por el Tribunal de Contratación Pública. Entre las alegaciones de Synerjet figuraban licitaciones supuestamente diseñadas a medida, inadmisibilidades arbitrarias y una evaluación deficiente por parte de la comisión evaluadora.
Tras analizar los antecedentes documentales y testimoniales aportados por las partes, el Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción deducida por Synerjet contra la Dirección de Obras Públicas de Carabineros y validó la adjudicación a Airbus Helicopters.
Ante el mismo tribunal, Eagle Copters también cuestionó las bases técnicas de una licitación, sosteniendo que habían sido diseñadas de manera arbitraria para favorecer a Airbus mediante requisitos específicos y un puntaje de corte difícil de alcanzar.
La acción se originó a propósito de la licitación destinada a proveer una aeronave para la Región de Arica y Parinacota. La empresa alegó que los requerimientos técnicos solo podían ser cumplidos por el modelo H125 de Airbus.
Sin embargo, posteriormente Eagle Copters desistió de la demanda. Según expuso, pese a las acciones emprendidas, el proceso licitatorio continuó su curso y, una vez consumada la adjudicación, un eventual fallo favorable ya no tendría efectos prácticos para retrotraer el procedimiento.