Carabineros le disparó un perdigón en el ojo durante el estallido social y perdió gran parte de la visión. La justicia condenó al Fisco a indemnizarlo.
Disparo de Carabineros causó grave trauma ocular durante el estallido social / Agencia Uno
Un hombre que perdió gran parte de la visión de su ojo izquierdo tras recibir un disparo de perdigón de Carabineros durante una manifestación en Plaza Baquedano, en octubre de 2019, obtuvo una indemnización superior a los $33 millones luego de que el Séptimo Juzgado Civil de Santiago acogiera parcialmente una demanda contra el Fisco.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el hecho ocurrió el 24 de octubre de ese año. Tras terminar su jornada laboral, la víctima caminó hacia las inmediaciones de Plaza Baquedano para observar las manifestaciones que se desarrollaban en el sector.
Cuando intentó retirarse debido al lanzamiento de gases lacrimógenos, recibió el impacto de un disparo efectuado con una escopeta antidisturbios.
Según se acreditó durante el juicio, el proyectil impactó directamente su rostro a una distancia estimada entre cinco y diez metros.
La lesión le provocó la pérdida inmediata de visión y el inicio de un largo proceso médico que incluyó atención en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador y posteriores intervenciones quirúrgicas en la Clínica Santa María y la Clínica Oftalmológica Pasteur.
Las secuelas continúan hasta hoy. El afectado mantiene una visión inferior al 50% en el ojo lesionado, debió someterse a la extracción de distintas estructuras oculares y requiere tratamientos permanentes para evitar nuevas complicaciones.
Durante el proceso, el Fisco pidió rechazar la demanda. Alegó que no existía falta de servicio, cuestionó la relación entre el actuar policial y las lesiones sufridas, sostuvo que la víctima se expuso imprudentemente al riesgo y argumentó que ya recibía una pensión de gracia otorgada por el Estado.
Sin embargo, el juez subrogante Felipe Guillermo Agurto Martínez concluyó que Carabineros incumplió los estándares de necesidad, proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza.
El fallo destacó que la propia institución conocía desde años antes los riesgos asociados al uso de escopetas antidisturbios y que existían recomendaciones técnicas que prohibían disparar a corta distancia y hacia la parte superior del cuerpo.
“El Estado incurre en responsabilidad patrimonial al haber permitido un despliegue operativo que desatendió sus propios parámetros de seguridad”, señala la sentencia.
El tribunal también rechazó las defensas relacionadas con una supuesta exposición imprudente de la víctima y descartó que la pensión de gracia impidiera reclamar una reparación civil.
Finalmente, condenó al Fisco a pagar $3.902.966 por daño emergente y $30.000.000 por daño moral, montos que deberán reajustarse en la forma establecida por la sentencia.
