La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de un estudiante universitario al que Serviu le quitó el subsidio habitacional tras seis fiscalizaciones.
Serviu / Grok (Referencial)
Un estudiante de Arquitectura de la Universidad de Magallanes, sede Punta Arenas, perdió su subsidio habitacional después de que el Serviu no lograra comprobar que vivía permanentemente en una casa asignada en Puerto Natales. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso con el que buscaba revertir la medida.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el inmueble, ubicado en el conjunto habitacional Costanera II, había sido entregado el 12 de noviembre de 2024 mediante un beneficio regulado por el Decreto Supremo N°49. Según el estudiante, comenzó a ocuparlo en enero de 2025, después de realizar algunas terminaciones.
Sin embargo, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes efectuó seis fiscalizaciones entre julio de 2025 y mayo de 2026 sin conseguir acreditar su residencia habitual.
Durante la primera visita, los funcionarios encontraron al padre del beneficiario. En las siguientes no pudieron ubicarlo y, específicamente durante las inspecciones de mayo de 2026, encontraron la vivienda cerrada.
El estudiante explicó que debía trasladarse a Punta Arenas para asistir a sus clases universitarias, aunque aseguró que su domicilio habitual continuaba estando en Puerto Natales.
También justificó sus ausencias durante las fiscalizaciones del 10, 15 y 29 de mayo de 2026. Para respaldar su versión presentó fotografías, boletas de servicios básicos, antecedentes académicos y un certificado de actividades religiosas.
Pese a estas explicaciones, el Serviu determinó que los documentos no demostraban que habitara permanentemente la propiedad y, mediante una resolución del 2 de julio de 2026, declaró la caducidad del subsidio. Posteriormente, rechazó su solicitud de reconsideración.
Ante esta situación, el afectado acudió a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, argumentando que la decisión era desproporcionada y vulneraba sus derechos.
No obstante, el tribunal respaldó el procedimiento administrativo y recordó que la normativa exige habitar personalmente la vivienda subsidiada durante al menos cinco años desde su entrega.
La sentencia sostuvo que las justificaciones presentadas no eran suficientes para demostrar la residencia habitual y que el Serviu había actuado dentro de sus atribuciones.
Además, precisó que la vivienda todavía pertenecía al organismo público, por lo que el estudiante no había acreditado un derecho de propiedad sobre ella.
En consecuencia, la Corte rechazó el recurso y mantuvo vigente la decisión que dejó sin efecto el subsidio habitacional.
El fallo fue redactado por la abogada integrante Sintia Orellana Yévenes.
