Investigadores analizaron los primeros 100 días del gobierno de Kast, identificando leyes y medidas que avanzan en la línea de su discurso crítico de la protección ambiental.
El 12 de marzo de 2026, al día siguiente de iniciado el Gobierno de José Antonio Kast, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) retiró del proceso de toma de razón ante la Contraloría General de la República (CGR) 43 Decretos Supremos elaborados durante el gobierno del ex Presidente Gabriel Boric, mediante el Oficio N° 1707/2026.
Ese es el punto de partida del informe de evaluación de desempeño ambiental publicado por la Fundación Chile Sustentable, que analiza las principales decisiones del Ejecutivo en sus primeros 100 días de gestión.
Entre los decretos retirados se incluyen normas de calidad ambiental, de emisiones contaminantes, tres nuevas áreas protegidas, seis salares protegidos y 12 reglamentos para la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Solo seis de los 43 decretos habían sido reingresados a la fecha de publicación del informe.
Según el documento, este acto "no solo representa un retraso técnico, sino una señal política de revisión estructural y paralización de las políticas de Estado del Gobierno pasado, aun estando estas en la ruta de las prioridades ambientales a las que el país ha dado continuidad progresiva durante las cinco últimas administraciones".
El impacto sobre la salud pública es uno de los aspectos que Chile Sustentable destaca con mayor urgencia. Entre los decretos retirados figuran la actualización de la Norma Primaria de Material Particulado Fino MP 2,5 —con potencial de evitar muertes prematuras— y la Norma Primaria de Calidad del Aire para Plomo, que llevaba 20 años sin actualización.
También se retiraron las Normas de Emisión para Centrales Termoeléctricas y para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico, así como el Plan de Descontaminación Atmosférica para la ciudad de Puerto Aysén. En materia hídrica, se paralizaron la Norma Secundaria de Calidad Ambiental de la cuenca del Río Huasco —cuya tramitación comenzó en 2006— y el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica, avanzando desde 2018.
El informe también pone el acento en el daño a la participación ciudadana. Los decretos retirados son el resultado de procesos democráticos en los que miles de personas aportaron observaciones durante consultas públicas: 7.767 aportes en la declaración del Pingüino de Humboldt como Monumento Natural; 1.388 observaciones al Plan de Descontaminación del Lago Villarrica; y 1.067 aportes en la creación del Área de Conservación de Múltiples Usos Olivares-Colorado.
Para Chile Sustentable, el retiro de instrumentos que ya habían concluido esas etapas equivale a desconocer la deliberación pública y erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.
El proyecto estrella del Ejecutivo es la Ley de Reconstrucción, anunciada en cadena nacional y tramitándose a pasos agigantados en el Congreso. El documento de Chile Sustentable advierte que el proyecto introduce modificaciones estructurales a la institucionalidad ambiental bajo la urgencia de acelerar la inversión.
En materia de acceso a la justicia, la iniciativa reduce de dos años a seis meses el plazo para impugnar permisos ambientales sectoriales, elimina la posibilidad de invalidar administrativamente Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables y establece límites temporales rígidos para las medidas cautelares. El informe advierte que estas restricciones podrían derivar los conflictos ambientales desde la institucionalidad administrativa hacia los tribunales ordinarios.
Respecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el proyecto fortalece la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por sobre los organismos sectoriales, crea procedimientos de evaluación abreviados y busca fijar taxativamente las tipologías de ingreso al sistema. Según el informe, esta última modificación podría limitar la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha exigido el ingreso al SEIA de proyectos con impactos significativos aunque no estén expresamente contemplados en la ley.
En el ámbito acuícola, el proyecto elimina la evaluación ambiental obligatoria para determinadas relocalizaciones de concesiones salmoneras y permite que informes técnicos sobre bancos naturales sean elaborados por consultores privados, lo que Chile Sustentable identifica como un riesgo de captura regulatoria.
Sobre la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el Congreso también tramita una iniciativa del gobierno anterior que busca modernizar el sistema de fiscalización ambiental. Entre sus medidas, traspasa a los municipios la fiscalización de ruidos provenientes de actividades domésticas y comerciales menores. El informe advierte que muchas municipalidades carecen de las capacidades técnicas y financieras para asumir esas funciones, lo que podría generar desigualdad en la protección entre comunas.
El proyecto también incorpora sanciones para denuncias ciudadanas consideradas temerarias, medida que Chile Sustentable señala podría inhibir la denuncia de comunidades sin antecedentes técnicos suficientes para acreditar una infracción ambiental.
Además, el Ejecutivo impulsó una modificación a la Ley N° 21.600 que crea el SBAP para impedir el reconocimiento de nuevos Sitios Prioritarios de conservación mientras no se publique el reglamento correspondiente. El informe critica que esta medida desconoce décadas de trabajo técnico y científico del Estado, e impediría declarar sitios ya identificados desde 2003 en la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad.
Otro eje de crítica es el Comité de Ministros, que durante los primeros 100 días aprobó la práctica totalidad de los proyectos que revisó. Las críticas al "funcionamiento express" se intensificaron con la aprobación del proyecto "Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine", del Grupo Errázuriz en el Salar de Atacama. El proyecto había sido rechazado en cuatro oportunidades consecutivas por el SEA entre 2012 y 2025, bajo los gobiernos de Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Gabriel Boric.
En materia energética, la Ruta Energética 2026-2030 publicada por el Ministerio de Energía el 28 de mayo plantea metas de generación distribuida y autoconsumo. Sin embargo, el informe señala que esos objetivos contrastan con la situación de la Agencia de Sostenibilidad Energética, que al cierre del primer semestre aún no contaba con la firma del convenio programático anual ni con los recursos para operar programas como "Casa Solar" y "Comuna Energética".
En paralelo, el gobierno desmanteló la Oficina de Transición Socioecológica Justa del MMA, eliminó la expresión "transición justa" del lenguaje institucional y dejó sin mecanismos operativos a los consejos ya establecidos en las comunas de Mejillones, Tocopilla y Coronel.
El informe también dedica un capítulo a la gestión comunicacional. La Ministra de Medio Ambiente Francisca Toledo sostuvo en una entrevista en CNN Chile que existía "divergencia" sobre si el cambio climático es causado por la actividad humana, añadiendo que "el hombre tiene un aporte" en los cambios ambientales. La declaración generó el rechazo de científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que subrayaron que el origen antropogénico del calentamiento global es uno de los consensos más sólidos de la ciencia contemporánea.
A ello se sumó la ausencia del cambio climático como desafío estratégico en la primera Cuenta Pública del Presidente Kast, el 1 de junio. Para Chile Sustentable, estos episodios revelan "una disputa por el relato del desarrollo": mientras la evidencia científica plantea que la crisis climática es una condición para el bienestar futuro, la comunicación gubernamental ha tendido a presentarla como una restricción frente al crecimiento económico.
