Brandon Judd cuestionó críticas de ministros del gobierno de Kast a los aranceles de EEUU y pidió que las negociaciones sigan por los canales oficiales.
El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd - Agencia Uno
El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, calificó como “muy decepcionantes” las críticas realizadas por ministros del gobierno de José Antonio Kast contra la decisión de Washington de aplicar un arancel de 12,5% a exportaciones chilenas, abriendo una nueva tensión entre ambos países.
La controversia se instaló luego de que autoridades del Ejecutivo cuestionaran la medida estadounidense, mientras la Cancillería chilena intenta avanzar en conversaciones diplomáticas para abordar el impacto comercial de la decisión y buscar alternativas frente al gravamen.
El origen del conflicto está en la decisión de Estados Unidos de establecer una sobretasa arancelaria vinculada a su política contra el ingreso de productos asociados al trabajo forzoso.
Según explicó la administración estadounidense, la medida responde a una evaluación realizada bajo la normativa comercial de ese país, que apunta a evitar que bienes elaborados mediante trabajo forzoso ingresen al mercado norteamericano. En ese marco, Washington cuestionó los mecanismos que permiten garantizar que las cadenas de suministro de ciertos productos importados estén libres de estas prácticas.
La aplicación del arancel no constituye una acusación directa contra Chile por utilizar trabajo forzoso dentro de su territorio, sino que se relaciona con la preocupación estadounidense sobre posibles productos que ingresen a través de cadenas internacionales de suministro.
Desde el Gobierno chileno, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) señaló que Chile cuenta con una institucionalidad laboral que prohíbe estas prácticas y manifestó reparos respecto de la decisión estadounidense, argumentando que no se identificaron productos nacionales específicos elaborados mediante trabajo forzoso.
Tras conocerse la medida, distintos integrantes del Ejecutivo expresaron críticas públicas al anuncio estadounidense.
Entre ellos estuvo el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien cuestionó los fundamentos de la decisión, y el ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien manifestó reparos por el impacto que podría generar en sectores exportadores nacionales.
Frente a estos comentarios, el embajador Brandon Judd sostuvo que las declaraciones de autoridades que no forman parte de la mesa negociadora podían perjudicar el proceso que llevan adelante los equipos diplomáticos.
“Muy decepcionantes” fueron calificadas por Judd las intervenciones de ministros que, según señaló, no participan directamente en las conversaciones comerciales entre ambos países.
El representante estadounidense planteó que las negociaciones deben concentrarse en los canales oficiales y que la participación pública de autoridades ajenas al proceso puede dificultar la búsqueda de acuerdos.
Ante el intercambio de declaraciones, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, afirmó que dentro del Ejecutivo pueden existir distintas opiniones, pero enfatizó que las conversaciones con Estados Unidos están bajo conducción de la Cancillería.
“Pueden haber muchas opiniones, pero las negociaciones las lleva Cancillería”, señaló el canciller al abordar la controversia generada por las declaraciones de algunos ministros.
Desde el Gobierno han insistido en la necesidad de mantener una estrategia coordinada para enfrentar la medida estadounidense y proteger a los sectores exportadores que podrían verse afectados por el nuevo escenario comercial.
