Cancillería afirmó que la propuesta está en consulta pública y desplegará gestiones para resguardar los intereses del sector exportador chileno.
Imagen referencial sobre salmonicultura - Agencia Uno
La idea de Estados Unidos de aplicar un arancel adicional de 12,5% a productos provenientes de Chile abrió un nuevo foco de tensión comercial entre ambos países. La medida, impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), se encuentra actualmente en etapa de consulta pública, mientras el gobierno de José Antonio Kast anunció que buscará evitar su implementación mediante el diálogo y las gestiones diplomáticas.
La iniciativa forma parte de una investigación iniciada en marzo de 2026 bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mediante la cual Washington analizó las políticas de 60 economías respecto a la importación y comercialización de bienes vinculados al trabajo forzoso. Chile figura entre los países que podrían enfrentar el gravamen más alto contemplado en la propuesta.
Tras conocerse el anuncio, la Cancillería chilena enfatizó que la medida aún no es definitiva y que el país continuará participando activamente en las instancias de consulta abiertas por las autoridades estadounidenses.
El canciller Francisco Pérez Mackenna señaló que Chile seguirá desplegando conversaciones con sus contrapartes en Estados Unidos para proteger los intereses nacionales y del sector exportador. Además, recalcó que el Tratado de Libre Comercio entre ambos países permanece plenamente vigente.
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo será alcanzar las mejores condiciones posibles para los exportadores nacionales y evitar que la propuesta avance hacia una aplicación efectiva de nuevos gravámenes.
La investigación de la USTR concluyó que Chile integra un grupo de 54 economías que, según el organismo estadounidense, no han logrado imponer ni aplicar de forma eficaz prohibiciones a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. Bajo ese argumento, Washington sostiene que estas prácticas generan una carga o restricción para el comercio estadounidense.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que la falta de medidas por parte de varios socios comerciales crea condiciones de competencia desiguales para los trabajadores estadounidenses. La propuesta contempla aranceles de 10% para algunos países y de 12,5% para aquellos que, según la investigación, presentan mayores deficiencias en esta materia. Chile quedó incluido en este último grupo.
La propuesta estadounidense se conoce pocas semanas después que la organización chilena Fundación Libera presentara una denuncia ante la USTR por presuntas vulneraciones laborales en sectores exportadores estratégicos del país.
Según los antecedentes entregados por la entidad, existirían indicios de varios de los indicadores de trabajo forzoso definidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), particularmente en actividades ligadas a la agricultura de exportación y a la salmonicultura. La denuncia menciona situaciones que afectarían principalmente a trabajadores migrantes en condiciones de vulnerabilidad.
El informe también cuestiona que Chile no cuente con una figura penal autónoma para tipificar el trabajo forzoso y plantea que el país carece de mecanismos equivalentes a los exigidos por Estados Unidos para bloquear el ingreso de productos elaborados bajo esas condiciones.
