Engaños en contratos y amenazas son algunas de las acciones que experimentan las víctimas del trabajo forzado en Chile en la salmonicultura y agricultura.
Acusan trabajo forzado en Chile.
Fundación Libera, ONG chilena que lucha por erradicar la trata de personas y la esclavitud, denunció a Chile ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) —agencia federal que negocia la política exterior de EEUU— por su tolerancia ante el trabajo forzado de trabajadores en sectores exportadores de la agricultura y la salmonicultura.
La ONG identificó los 11 indicadores de trabajo forzado —que son reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)—en dos sectores exportadores clave: la agricultura, en la producción de arándanos, mandarinas y clementinas; y la industria salmonera.
Fundación Libera explica que la población más afectada por el trabajo forzado son los migrantes venezolanos, haitianos y boliviano en situación irregular, escenario ideal para este tipo de prácticas.
Entre las condiciones inhumanas de trabajo, señalan prácticas como engaño en los contratos, aislamiento en predios lejanos a servicios básicos, restricción de movimiento, retención de salarios, jornadas de 10 a 12 hora diarias por seis días a la semana y sin pagos de horas extras, violencia física y amenazas de denuncia con autoridades migratorias.
En el caso de la industria salmonera, la Fundación Libera reportó 83 muertes verificables de trabajadores entre 2013 y 2026, originadas por las condiciones laborales, ausencia de botellas de aire de emergencia, falta de mantenimiento de compresores, denegación sistemática de traslado oportuno a cámaras hiperbáricas ante acciedentes y falsificación de registros de buceo.
Además, se suma la elaboración de listas negras con el registro de los trabajadores que intentar reclamar sus derechos y la colusión entre empresas y mutualidades de seguros para negar validez de accidentes laborales.
El informe señala tres factores que profundizan el riesgo: la concentración vertical de la propiedad en ambos sectores; la subcontratación, que elude responsabilidades laborales a las empresas; y una cultura empresarial que se basa en el temor a ser sancionado.
En materia jurídica, Chile aún no tipifica el trabajo forzado como delito autónomo y solo se alude a este en el marco judicial de a trata de personas. De hecho, el Ministerio Público aborda en promedio dos casos de trabajo forzado al año cuando cerca de 61 mil personas viven en situación de esclavitud moderna, según el índice Global de Esclavitud.
Para erradicar el trabajo forzado, el país debe prohibir la importación de bienes producidos a través de estas prácticas, iniciativa que, según el gobierno, ha evaluado.
En ese sentido, la ONG recomienda siete medidas concretas a implementar en Chile: primero, tipificar el delito de trabajo forzado; fortalecer la legislación laboral en agricultura y acuicultura; prohibir los bienes importados producidos mediante estas prácticas; eliminar las restricciones de libertad sindical y negociación colectiva; fortalecer la inspección laboral; incorporar mecanismos de monitoreo y transparencia; e incluir organizaciones de la sociedad civil y víctimas en la política pública.
