Estados Unidos confirmó la presencia de trabajo forzoso en la agricultura y la acuicultura chilenas en el Informe sobre Trata de Personas 2026, elaborado por el Departamento de Estado. En su capítulo sobre Chile, el documento afirma que “los tratantes explotan a adultos y niños en trabajo forzoso en Chile en la minería; la agricultura, incluida la cosecha de berries; la acuicultura; la construcción; el comercio ambulante; el servicio doméstico, y los sectores de hotelería, restaurantes y confección”.
El diagnóstico se suma a las investigaciones sobre trabajo forzoso en Chile que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) abrió bajo la Sección 301. Ese proceso terminó en julio con un arancel adicional de 12,5% a las exportaciones chilenas.
“El Departamento de Estado reconoce oficialmente lo que hemos documentado ante la USTR: en la agricultura y la acuicultura chilenas hay trabajo forzoso. El Estado de Chile ya no puede tratarlo como una acusación de la sociedad civil; es un diagnóstico oficial que exige respuestas concretas”, señaló Carolina Rudnick Vizcarra, presidenta de Fundación Libera.
Carolina Rudnick, presidenta de Fundación Libera, en entrevista para El Desconcierto.
Las brechas del informe frente al trabajo forzoso en Chile
El reporte mantiene a Chile en el Nivel 1, reservado a quienes cumplen los estándares mínimos, y destaca que las condenas por trata subieron de 20 en 2024 a 34 en 2025. Sin embargo, de 816 investigaciones, solo 62 fueron por trata laboral. En tanto, de los 60 procesados, 14 lo fueron por trabajo forzoso, pero todas las condenas correspondieron a explotación sexual.
A ello se suma que algunos fiscales locales no logran reconocer el trabajo forzoso ni reunir pruebas para acreditarlo. Por eso, varios casos se persiguieron bajo otros artículos del Código Penal, con penas menores. Además, la PDI tiene unidades especializadas solo en Arica, Iquique y Santiago, y no existen fiscales dedicados exclusivamente a trata.
En cuanto a las víctimas, el Gobierno identificó 245, entre ellas 75 de trabajo forzoso, pero solo reportó haber atendido a 58. Tampoco existen albergues para víctimas hombres. Mientras tanto, el Plan de Acción Nacional contra la Trata 2023-2026 sigue sin aprobación presidencial y la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas carece de presupuesto propio.
“Que se procese solo a 14 personas por trabajo forzoso y ninguna sea condenada muestra que el problema no es la falta de casos, sino un sistema que no está preparado para reconocerlos. Mientras el trabajo forzoso no sea un delito autónomo en Chile, seguirá escapándose entre las figuras penales”, agregó Rudnick.
Ley de Buceo, sin reglamento para proteger a los buzos
El informe advierte, además, que Chile no regula a los reclutadores laborales ni los responsabiliza por reclutamiento fraudulento. Esa intermediación es clave en la salmonicultura, donde el buceo es una de las faenas más riesgosas y de las más externalizadas.
“El mismo año en que el Departamento de Estado reconoce trabajo forzoso en la acuicultura chilena, el Gobierno retira el reglamento que debía hacer aplicable la protección de los buzos subcontratados de la salmonicultura, de acuerdo a la Ley 21.789”, sostuvo Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos.
En esa línea, advirtió que “sin reglamento, la ley queda en el papel y las empresas mandantes siguen sin obligaciones exigibles”. Según Cárdenas, los buzos quedan expuestos a “jornadas excesivas, a la imposición de trabajo en puerto cerrado y al temor a represalias si se niegan, indicadores de trabajo forzoso según la OIT”.
“Entre 2013 y 2026 hemos documentado 91 muertes de trabajadores y trabajadoras en esta mega industria exportadora. Cada mes de demora profundiza la desprotección y el riesgo de explotación; exigimos el reingreso inmediato del reglamento a la Contraloría”, recalcó Cárdenas.
