La medida de la administración Trump afecta también a otros 59 países y golpea a exportaciones clave chilenas como el salmón, el vino y la madera.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Este jueves, Estados Unidos confirmó la aplicación de un arancel a las exportaciones de Chile —y a otras 59 economías— de un 12,5% bajo el pretexto de que existen "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso" respecto a la importación de productos.
Chile fue incluido en la nómina de los 60 países castigados por la administración del presidente Donald Trump, mediante la fijación de sobretasas arancelarias de entre un 10% y un 12,5%.
La medida alcanza igualmente a los 27 países de la Unión Europea (según cada producto) y a socios estratégicos globales como Canadá, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Suiza, Taiwán e India, registrando en algunos casos variaciones según la tipología de los bienes exportados.
El pretexto esgrimido por Washington para justificar estas sanciones comerciales descansa en supuestas indagaciones vinculadas a materia laboral y derechos humanos.
La medida se fundamenta en "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso", una medida que llega a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10% impuesto por Washington.
Dicha argumentación jurídica emana de los análisis iniciados en marzo por el Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer, al amparo de la denominada Sección 301.
Mediante esta herramienta, Washington evaluó si el marco regulatorio y operativo de las naciones sancionadas en materia de trabajo forzoso afectaba la competitividad de las industrias y trabajadores norteamericanos.
Tras el periodo de consultas institucionales, la entidad resolvió que las prácticas fiscalizadas respaldaban plenamente la adopción de represalias económicas.
Desde Cancillería negaron que "Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso". Asimismo, tampoco se registran "productos chilenos específicos bajo esta condición".
A su vez, reiteraron lo anunciado por Estados Unidos es una medida transversal a otras economías, que responde "a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense".
