íDiputado PS cuestionó las negociaciones de la megarreforma tras la salida de Juan Pablo Rodríguez Oyarzún de Hacienda por test positivo.
El diputado Daniel Manouchehri habla por telefono en los pasillos del Congreso - Agencia Uno
El diputado del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri cuestionó duramente la participación del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez Oyarzún en las conversaciones por la megarreforma, luego que el Gobierno aceptara su renuncia tras un resultado positivo en un test de drogas.
El parlamentario afirmó a La Tercera que, a partir de este episodio, “uno pudiese afirmar que toda esa negociación la hizo bajo el efecto de las drogas”, declaración que generó nuevas críticas políticas en medio de la controversia por la salida de la autoridad económica.
Las declaraciones de Daniel Manouchehri se conocieron luego que el Ejecutivo confirmara la salida de Juan Pablo Rodríguez Oyarzún desde la Subsecretaría de Hacienda, cargo que ejercía dentro del Gobierno de José Antonio Kast.
El exsubsecretario dejó sus funciones después de que un examen de drogas realizado en el marco de los controles aplicados a autoridades arrojara un resultado positivo en la primera muestra. Sin embargo, el propio Rodríguez Oyarzún negó haber consumido sustancias y sostuvo que el resultado no representaba su realidad, mientras estaba pendiente la eventual contramuestra.
En ese contexto, Manouchehri vinculó el episodio con el rol que tuvo el exsubsecretario durante la discusión y negociación de la megarreforma, una de las principales iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.
El parlamentario además criticó que sectores del oficialismo y del Gobierno hayan cuestionado anteriormente la aplicación de controles de drogas para autoridades, afirmando que el caso demostraba la importancia de estos mecanismos.
“Era por esto que se resistían a los exámenes de drogas”, sostuvo Manouchehri, en referencia al debate político que se abrió en torno a la realización de estos procedimientos.
El caso también reactivó el debate sobre los controles de drogas aplicados a autoridades y funcionarios públicos, junto con las responsabilidades políticas asociadas a quienes ocupan cargos de confianza dentro del Estado.
