Portones, candados, balcones, zanjas, muros y mascotas: Las peleas vecinales que marcaron el 2024 en tribunales
La convivencia entre vecinos en Chile ha sido históricamente una fuente de conflictos que, en muchos casos, terminan resolviéndose en tribunales.
Durante el 2024, diversas disputas relacionadas con el uso de espacios comunes, derechos de acceso y límites de propiedad llegaron a instancias judiciales y marcaron precedentes importantes en la interpretación de las normativas vigentes.
Desde zanjas para bloquear caminos hasta peleas por mallas de seguridad en balcones, estos casos no solo reflejan las tensiones cotidianas en comunidades, sino también el rol clave de los tribunales para garantizar derechos fundamentales.
Seguridad por sobre la estética: la malla en el balcón de un departamento
En un condominio en Santiago, un residente instaló una malla de seguridad en su balcón para proteger a su hijo pequeño de posibles caídas.
Sin embargo, la administración del edificio lo multó con 3 UF ($115.198), argumentando que la malla afectaba la estética del lugar.
Tras una batalla legal, la Corte Suprema revocó la multa y permitió mantener la malla, señalando que la seguridad de un menor prevalece sobre la estética.
El fallo indicó que el reglamento del condominio no prohíbe expresamente este tipo de instalaciones y que la medida tenía un fin legítimo.
Una zanja para bloquear la playa
En Pupuya, un vecino cavó una zanja para bloquear el acceso a una playa frecuentada por pescadores y turistas. Dos mujeres incluso cayeron en el hoyo mientras intentaban cruzar.
El caso llegó a la Corte de Apelaciones de Rancagua, que determinó que el bloqueo era ilegal, ya que impedía el acceso a un espacio de uso público.
La Corte ordenó retirar la zanja y garantizar el paso libre hacia la playa.
El muro que robó 429 metros cuadrados
En Mariquina, un vecino derribó un cerco que delimitaba su terreno con el de una pareja residente en España.
Al reconstruirlo, invadió 429 metros cuadrados de la propiedad vecina. La Corte Suprema ordenó restituir el cerco en su ubicación original, señalando que los conflictos limítrofes deben resolverse en tribunales y no mediante acciones unilaterales.
Millonarias multas por mascotas
En Antofagasta, dos residentes de un condominio acumularon multas por más de 5 millones de pesos debido a la tenencia de mascotas, algo prohibido por el reglamento interno.
Tras recurrir a la Corte Suprema, el tribunal determinó que las multas eran ilegales, ya que iban en contra de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas.
El condominio fue obligado a devolver los montos cobrados.
Candados que cerraron un negocio
En Santiago, una estilista arrendó un local comercial, pero su arrendador cambió los candados sin previo aviso, dejándola sin acceso a sus herramientas de trabajo.
La Corte de Apelaciones ordenó restituir el acceso al local, señalando que el arrendador no tenía derecho a actuar unilateralmente y que cualquier conflicto debía resolverse judicialmente.
Un portón que bloqueó un camino vecinal
En Freire, un vecino instaló un portón con candado para bloquear un camino utilizado durante más de 50 años por otras familias.
La Corte Suprema ordenó retirar el portón, argumentando que el cierre constituía un acto ilegal de autotutela. El fallo destacó que las disputas sobre el uso de caminos deben resolverse en tribunales.
Ventanas fuera de norma
En Lota, un jubilado enfrentó una orden de demolición de las ventanas de su casa por no respetar la distancia mínima con la propiedad vecina.
La Corte Suprema respaldó la orden municipal, señalando que el propietario había tenido tiempo suficiente para regularizar la situación.
Fiestas interminables en Quinta Normal
En un pasaje de Quinta Normal, los vecinos denunciaron a una residente que organizaba fiestas con ruidos excesivos, amenazas y disturbios.
Aunque la Corte de Apelaciones rechazó inicialmente el recurso, la Corte Suprema ordenó revisar el caso, señalando que los hechos denunciados podían vulnerar derechos fundamentales.
Camino bloqueado en Pozo Almonte
En Pozo Almonte, un vecino bloqueó con una barricada un camino de 1,6 kilómetros que otros residentes utilizaban para llegar a sus hogares.
La Corte Suprema ordenó reabrir el camino y otorgó un plazo de un año para regularizar legalmente el acceso.
