Una estilista y dueña de una peluquería en la comuna de Lo Prado, Santiago, vivió un complicado episodio cuando su arrendador le impidió el acceso al local donde trabaja.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, desde noviembre de 2023, la mujer tenía un contrato para arrendar este espacio, pero en julio de 2024 enfrentó dificultades económicas y le pidió al dueño, que le permitiera usar el dinero de la garantía para cubrir la renta de ese mes.

Esta solicitud fue rechazada, y poco después, el dueño cambió los candados del local sin avisarle ni tener una orden judicial.

Este cambio de candados dejó a la mujer sin acceso no solo al espacio de su trabajo, sino también a su equipo y materiales de peluquería, como sillones, máquinas de corte y otros elementos esenciales para su negocio.

Además, señaló que no poder entrar le generaba una pérdida diaria de ingresos, ya que no podía atender a sus clientes.

Ante esta situación, la mujer decidió presentar un recurso de protección, pidiendo ayuda para recuperar el acceso a su lugar de trabajo y a sus pertenencias.

La Corte de Apelaciones de Santiago revisó el caso y determinó que el dueño del local no tenía derecho a cambiar los candados sin autorización legal, ya que esta acción afecta directamente el derecho de la arrendataria a utilizar el espacio y sus pertenencias.

Según la Corte, cualquier conflicto sobre el contrato de arriendo debía resolverse en tribunales, y no a través de medidas unilaterales como el cambio de candados.

La Corte también indicó que esta acción vulneró derechos fundamentales de la mujer, como el derecho a su propiedad y el derecho a trabajar en su negocio.

Por lo tanto, la Corte ordenó al arrendador que le permitiera el acceso al local sin ninguna restricción.