Una pareja que actualmente reside en España se vio involucrada en un conflicto legal con un vecino en la comuna de Mariquina, Chile, debido a un problema de límites entre sus propiedades.

Según la demanda presentada y el fallo judicial, el vecino derribó el cerco que delimitaba ambos terrenos en agosto de 2022 y, en su lugar, construyó uno nuevo.

Este nuevo cerco invadió 429 metros cuadrados de la propiedad de la pareja, un terreno de 2,12 hectáreas que les pertenece.

Ante esta situación, la pareja, que había dejado el cuidado del terreno en manos de una vecina, decidió presentar un recurso de protección, exigiendo que se ordenara al vecino restituir el cerco a su lugar original.

El vecino, que es copropietario de un terreno colindante de 9,76 hectáreas, alegó que no había alterado los límites de la propiedad, sino que simplemente había renovado el cerco existente.

Además, argumentó que no había podido ejercer acciones legales formales debido a la ausencia de los dueños, quienes viven en España y no proporcionaron una dirección específica donde pudieran ser contactados.

También afirmó que la acción legal de la pareja era extemporánea, ya que ellos habrían tenido conocimiento de la construcción del nuevo cerco desde agosto de 2022, pero no actuaron hasta más tarde.

En su defensa, la pareja presentó documentos que incluían planos, antecedentes dominicales, fotografías y la declaración de un constructor civil, que demostraron que el nuevo cerco había sido mal instalado y que, efectivamente, afectaba la extensión de su propiedad.

Argumentaron que el vecino había actuado de manera arbitraria e ilegal al tomar decisiones unilaterales que alteraban los límites del terreno sin pasar por los procedimientos judiciales necesarios.

La Corte de Valdivia falló a favor de la pareja, desestimando la alegación del vecino de que la demanda era extemporánea, ya que el cerco seguía en pie y, por lo tanto, los efectos del acto ilegal persistían hasta el momento del juicio.

El tribunal también rechazó los argumentos del vecino sobre la falta de representación legal de la pareja, señalando que cualquier persona afectada o en nombre de los afectados puede recurrir a una acción de protección, incluso sin una representación formal.

El fallo de la Corte de Valdivia determinó que el vecino actuó de manera indebida al derribar y reemplazar el cerco, y ordenó que se repusiera en su lugar original.

La Corte concluyó que el conflicto sobre los límites de las propiedades debía resolverse a través de un juicio ordinario, y no por la acción unilateral del vecino, quien, al modificar los límites del terreno, incurrió en una falta a la garantía constitucional de derecho a la propiedad.

Finalmente, el vecino apeló la decisión, pero la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Valdivia, confirmando que el cerco debía ser devuelto a su ubicación original.

La Corte Suprema reiteró que cualquier disputa sobre los límites entre propiedades debe ser resuelta en tribunales y no por decisiones unilaterales de los propietarios, destacando que la acción del vecino vulneró los derechos constitucionales de los dueños del terreno.