La Cámara rechazó la iniciativa del Ejecutivo para extender a 60 días el plazo de privación de libertad de migrantes a la espera de expulsión.
Cámara de Diputadas y Diputados. Créditos: Agencia Uno.
El uso de la privación de libertad como respuesta a problemas de gestión estatal y los riesgos que este tipo de medidas conlleva para los derechos fundamentales fueron parte central de los argumentos que terminaron por frenar en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de reforma constitucional (boletín 18314) presentado por el Ejecutivo.
La iniciativa pretendía ampliar de 5 a 60 días el plazo que una persona extranjera puede permanecer privada de libertad antes de ser expulsada del país. La propuesta necesitaba 89 votos para ser aprobada. Sin embargo, fue rechazada por 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones.
Entre las abstenciones, se encuentran las de parlamentarios del PDG, que habían mantenido conversaciones con el Ejecutivo para respaldar la iniciativa, pero que finalmente no llegaron a acuerdo. Además, se suma las salidas de los diputados republicanos Felipe Ross y Stephan Schubert, quienes se encuentran junto al presidente Kast en Estados Unido y cuyos justificativos de ausencia habrían sido entregados fuera de plazo.
Durante la discusión legislativa, parlamentarios de oposición expusieron objeciones al enfoque punitivo de la propuesta.
En ese marco, quienes se manifestaron en contra cuestionaron que el Estado responda a problemas de gestión ampliando los períodos de detención de personas sujetas a expulsión administrativa.
También advirtieron que la privación de libertad debe mantener un carácter excepcional y que la reforma no garantiza por sí sola una mejora significativa en la ejecución de estas medidas.
A los reparos sobre la efectividad real del mecanismo se sumó el impacto sociohumanitario de extender estos reclutamientos prolongados.
Junto con ello, algunos parlamentarios expresaron inquietudes respecto de las garantías judiciales, el impacto sobre grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas o personas cuidadoras, y las condiciones materiales en que podrían cumplirse detenciones de mayor duración.
"Me parece que era delicado y tenía que ser tratado con la suficiente especificidad, lo que no se logró. Se presentaron indicaciones en la Comisión de Constitución y lamentablemente el Gobierno no estuvo disponible a incorporarlas", explicó la presidenta del FA y diputada Gael Yeomans.
Según la normativa vigente, tras el rechazo de un proyecto en su idea de legislar, éste no continuará en su tramitación y deberá esperar el plazo de un año para volver a presentarse.
Sin embargo, al ser presentado por el presidente, el jefe de Estado puede solicitar que la iniciativa pase al Senado, donde se requeriría su aprobación por los dos tercios de dicha Corporación.
De contar con dicho respaldo, retornaría a la Cámara, donde sólo podría volver a desecharse con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.
