Un jubilado de Lota, vive en una casa que compró en 1970 y regularizó en el año 2000. Todo marchaba bien hasta que un vecino comenzó a denunciarlo por unas ventanas de su vivienda que, según afirmaba, estaban demasiado cerca del límite entre ambas propiedades.

Esto marcó el inicio de un conflicto que duró años.

En 2023, el Juzgado de Policía Local multó a este hombre jubilado por no respetar las normas de distancia mínima para las ventanas, dándole un plazo para solucionar el problema.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, aunque pagó la multa, no cerró las ventanas ni las modificó.

Esto llevó a nuevas denuncias por parte del vecino y, finalmente, a que la Municipalidad de Lota emitiera un decreto en 2024 ordenando la demolición de las ventanas.

Este hombre jubilado decidió presentar un recurso para frenar la demolición, argumentando que la medida era exagerada, ya que muchas casas en el sector tienen ventanas en condiciones similares.

También acusó al vecino y al municipio de acosarlo, afectando su tranquilidad y salud.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso, concluyendo que la Municipalidad actuó de acuerdo a la ley al ordenar la demolición.

Según el tribunal, el hombre jubilado no cumplió con lo requerido tras las sanciones previas, y el municipio siguió todos los pasos legales para tomar esta decisión.

La Corte Suprema confirmó este fallo, señalando que no se vulneraron los derechos del dueño de la propiedad.