Cuando la alcaldesa de Valparaíso increpó a principios de agosto al ministro de Hacienda en pleno Congreso Nacional, no fue una simple escena de tensión política. Fue una rabia que desborda los protocolos y esa cortesía institucional que tantas veces sirve para disimular quiénes pagan las consecuencias de las decisiones del poder.
Ministro Quiroz con el Presidente Kast al fondo / Crédito: Agencia Uno
Mientras algunos se incomodan por las formas, millones de chilenos deberían preocuparse por el fondo. El presupuesto de un país no es una planilla Excel: es la diferencia entre tener o no acceso a políticas públicas, entre sostener derechos conquistados durante décadas o verlos desmantelados en nombre de una supuesta eficiencia.
El gobierno de José Antonio Kast lleva siete meses instalado y su orientación es cada vez más preocupante. Los recortes amenazan áreas fundamentales, desde el Ministerio de la Mujer hasta el de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Cuando el Estado reduce su capacidad de respuesta, los problemas no desaparecen: desaparecen los recursos para enfrentarlos. La violencia contra las mujeres no se evapora porque se recorte un presupuesto, ni la cultura se vuelve innecesaria porque un gobierno la trate como gasto prescindible.
Cada alza y cada decisión que golpea al pueblo funciona también como una prueba: se estira la cuerda para medir cuánto estamos dispuestos a soportar. Si no reaccionamos, avanzan; si guardamos silencio, aprietan más. Así lo hizo Milei en Argentina, y ahí están las consecuencias, castigando a quienes menos tienen.
Lo que está en juego es una concepción de país: un Estado más débil, derechos sociales en retroceso y necesidades colectivas subordinadas a la lógica del mercado. Se nos pretende convencer de que lo público es ineficiente por naturaleza, mientras la iniciativa privada se presenta como solución casi milagrosa. Curiosa receta: primero se deteriora la herramienta común y después se nos explica que ya no sirve.
Cabe entonces la pregunta incómoda: ¿quién se beneficia cuando el Estado pierde capacidad para proteger a su población? Chile tiene cobre, litio, agua, bosques y mar que no pueden reducirse a activos disponibles para el mejor postor. No hace falta imaginar una conspiración: basta ver qué ocurre cuando cada necesidad social se convierte en oportunidad de negocio. La soberanía también se pierde cuando dejamos de contar con instituciones capaces de ejercerla.
Más difícil de comprender es que tantos chilenos respalden decisiones que perjudican sus propias condiciones de vida. La respuesta no es la ignorancia de quienes votan: hay miedos reales, inseguridad, frustraciones acumuladas y un legítimo cansancio ante problemas que los gobiernos anteriores tampoco resolvieron. La derecha ha sabido capitalizar ese malestar. Pero reconocer el fracaso de las respuestas pasadas es una cosa; aceptar que la solución es debilitar al Estado y trasladar la factura a quienes menos tienen, otra muy distinta.
Y duele ver a quienes, sin pertenecer a los privilegiados, defienden a sus propios verdugos creyendo que algún día serán parte de la fiesta de los poderosos. Son los dormidos que roncan mientras les vacían los bolsillos y les arrebatan derechos, y encima aplauden. No entienden que el poder no premia la obediencia de los pobres: la utiliza para seguir acumulando privilegios.
La seguridad importa. La economía importa. La responsabilidad fiscal importa. Pero ninguna es un cheque en blanco para desmantelar políticas públicas. Responsabilidad fiscal no es solo recortar: es fijar prioridades, evaluar consecuencias y explicar con transparencia quién soportará el costo de cada decisión. Y ese costo no termina con un mandato: lo heredarán las familias que pierden oportunidades y los jóvenes que recibirán un país con menos herramientas.
Por eso el Congreso no puede limitarse a observar desde sus escaños. La complicidad no siempre es un acuerdo secreto: a veces es silencio, indiferencia o aprobación de decisiones cuyas consecuencias recaerán sobre otros.
La historia demuestra que ningún derecho se conserva por arte de magia ni ningún abuso retrocede porque nos portemos bien. Cuando el pueblo se organiza, protesta y exige, los poderosos sienten el golpe; cuando se queda dormido, ellos avanzan sin pedir permiso.
Siete meses bastan para revelar las prioridades de un gobierno. Hay escenas que incomodan por el tono, pero la verdadera incomodidad debería estar en un país donde el Estado pierde músculo mientras las necesidades crecen. Gobernar no es empobrecer las herramientas colectivas para después proclamar que el Estado no funciona. Es hacerse cargo de un país real, con desigualdades reales.
Porque Chile no es una mercancía, sus recursos no son un botín y sus habitantes no son daños colaterales de un experimento económico. Hipotecado, ese Chile no se recupera con un discurso ni con una campaña, sino con años de trabajo y voluntad política. Si nos movemos, se mueven; de lo contrario, nos someterán a la miseria.
