Opinión

La semana pasada finalmente se aprobó en el Senado la reforma laboral, tras 16 meses de debate y trámite. Las reacciones han sido muy diversas. ChileVamos, que se ha opuesto en bloque, envió un recurso al Tribunal Constitucional para impugnar cuatro aspectos de la nueva ley. La Nueva Mayoría celebra tildando la reforma de “histórica”, mientras que diversos sectores de izquierda y de la academia han criticado lo que se considera un retroceso. Con cada sector político diciendo cosas tan disímiles, se hace difícil hacer una evaluación, sobre todo cuando se mezclan criterios técnicos, propios del derecho, con políticos. Trataré de abordar ambos.

Este texto no pretende abogar por un pluralismo o transversalidad idílica en torno al quehacer artístico, sino más bien, intenta replantear las construcciones ya existentes. Aquellas que se han establecido, a través de una larga insistencia de publicaciones, coloquios, seminarios y exposiciones, que repiten una y otra vez, las formas y maneras en que se han establecido los movimientos vanguardistas, el arte político, el arte y el género, la memoria, los derechos humanos, entre otros temas.

El próximo 23 de abril se dará inicio formal a los encuentros locales del proceso constituyente oficial. A pesar de los bajos estándares que desde su origen tiene este proceso, nuestra Iniciativa Ciudadana ha decidido participar activamente con sus equipos territoriales en los diálogos ciudadanos comunales, provinciales y regionales, no para de validar el modelo del Ejecutivo, sino para convertirlos en convenciones de ciudadanos y ciudadanas y hacer presente allí, nuestra demanda por la Asamblea Constituyente.

¿Por qué osan los políticos perforarle el pulmón por donde intenta respirar apenas la Democracia en esta sempiterna transición cuando en cada esquina le intentan arrebatar el derecho a aquella relación eterna y orgásmica con la Libertad, como los amantes de verdad. Es que cada noche acecha la sospecha de que la desean forzar a una conjura incestuosa con una dictadura que algunos creían fenecida y olvidada. Y claro, porque el control de identidad es otra simiente de la procreación de una democradura en Chile.

Durante las últimas décadas se ha asentado cada vez con mayor fuerza la idea de que la situación de los palestinos es la de un Apartheid. Es evidente que tomar un concepto prestado a una realidad local, diferente de aquella para la que fue concebido el concepto, puede traer una serie de problemas de interpretación. Quizá el más complejo de esos problemas es la invisibilización del programa de limpieza étnica hacia los palestinos y que está a la base, tal como lo ha expresado con énfasis Ilan Pappé, de la creación del Estado de Israel.

El Estado de Derecho chileno protege al rico y sanciona al pobre. Legitima la discriminación a la mujer y atenúa la responsabilidad de quienes intentan matarlas. Criminaliza al mapuche, lo encarcela y mata por la espalda. Así, nuestro sistema legitima la explotación de clase, género y étnica-racial. Y los tribunales de la (in)justicia chilena nos lo recuerdan constantemente con su jurisprudencia.

¿Qué tienen en común un bien de consumo y un derecho? Nada. Entender esta distinción puede llevarnos a comprender, en parte, el problema que subyace a la educación en Chile y que la reforma (“gruesa”) elaborada por el gobierno no soluciona.

En los grandes noticiarios, los atentados en África, Oriente Medio aparecen como un flash, un destello de acontecimientos que merece ser registrados para los estudios posteriores, pero no para que conmuevan. Y así el círculo vicioso. ¿Gallina o huevo? No sé. Pero los noticiarios no los ponen en la portada porque no conmueven y la gente no alega para que los pongan. Pero en vez indagar en cuestiones de responsabilidad de los medios, más vale ver lo anterior como la punta de un iceberg.