¿Qué tienen en común un bien de consumo y un derecho? Nada. Entender esta distinción puede llevarnos a comprender, en parte, el problema que subyace a la educación en Chile y que la reforma (“gruesa”) elaborada por el gobierno no soluciona.

Así, cuando las familias y estudiantes hablábamos de derechos para todos y todas, nos dieron becas, para algunos; cuando exigimos condonación a la  deuda, nos repactaron; cuando quisimos parar las cláusulas abusivas, nos enviaron al SERNAC.
Y es que, por más ríos de tinta y horas de televisión que se ocupen en decirnos que “en Chile la educación gratuita es un derecho”, la realidad dista bastante. Si no, ¿cómo se explica que de un derecho nazcan holgadas deudas por el sólo hecho de haberlo ejercido? O, ¿qué clase de derecho es aquel que deba ser garantizado por el servicio de los consumidores y no por el de la ciudadanía? Ese es el punto, más allá de tal o cual beca, nos tratan como clientes y no como ciudadanos y ciudadanas.

Hace unos días, la Confederación de Estudiantes de Chile cerró el diálogo con el MINEDUC tras participar de las mesas pre-legislativas durante el 2015, y no obtener ninguna respuesta de los puntos de disenso entre gobierno y estudiantes. Entre estos puntos se encuentra el fin al lucro, el financiamiento de las instituciones, la duración de la gratuidad, las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación, los niveles de participación y democracia, entre otros puntos.

Pero, ¿de qué reforma estructural estamos hablando si se mantiene el lucro en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica? ¿Qué derecho garantiza el Estado con la gratuidad si sólo dura los años formales de la carrera y si te atrasas debes endeudarte (aún más) con el CAE? ¿Cómo podemos asegurar una educación al servicio de la comunidad y el territorio si no existen espacios reales de participación en la toma de decisiones dentro de las casas de estudio? ¿De qué manera sacamos al mercado de la educación si las instituciones deberán seguir compitiendo entre ellas por el financiamiento estatal?

Las interrogantes son muchas, y lamentablemente, subsisten a pesar de la reforma en curso, a costa de las familias chilenas.

La distinción derecho-bien de consumo, lejos de ser antojadiza, traza el camino que definirá la educación para el Chile del siglo XXI. Es necesario que la educación deje de estar al servicio del mercado y pueda estar al servicio de la gente. Pero mientras una minoría política decida por las grandes mayorías, mientras los gobiernos no se la jueguen por hacer cambios realmente estructurales, es deber tanto de las y los estudiantes como de la ciudadanía en general, seguir proponiendo y exigiendo, desde todos los espacios. la educación pública que Chile necesita. Nos vemos el 21.