Las organizaciones de la sociedad civil han exhortado desde el momento mismo en que la Dictadura impuso la Constitución del 80, la necesidad de concebir una Nueva Constitución que fuese legítima, participativa, inclusiva, representativa y soberana, para ello múltiples movilizaciones, campañas e iniciativas han insistido en la fórmula más democrática que existe para generarla, porque es claro que no da lo mismo cómo se genere la nueva Constitución.

Lamentablemente hasta el momento, hemos visto con desilusión una peligrosa distancia entre el “Proceso Constituyente” que lidera el gobierno y el proceso social que se generó durante todos esos años exigiendo –entre otras cosas- una Asamblea Constituyente. Eso se ve agravado con la intención de hacer de este proceso histórico para el país, un proceso meramente decorativo, lento, retardatario, no vinculante y reflejando  un simple intercambio de opiniones. Con esto nuevamente se viene a confirmar la modalidad de relación entre gobiernos y ciudadanía que por 26 años ha entendido la participación ciudadana como retórica consultiva o informativa, o peor aún, ha buscado menguar la participación de las organizaciones sociales, y reducirlas a la invisibilidad y a la insignificancia.

Ni la metodología surgida desde las oficinas de la SEGPRES, ni el designado Consejo Ciudadano de Observadores han resuelto el déficit democrático de este proceso.

Tras esta constatación sobre el Proceso Constituyente propuesto por el ejecutivo, queremos proponer afirmativamente que la formulación de una Nueva Constitución debería aprovechar de cambiar la estructura de relación de alianzas entre ciudadanía y Estado. Al menos, debiera reconocer mediante mecanismos realmente incluyentes y participativos las prácticas sociales, tales como la experiencia y aprendizajes locales  constituidos como un acervo social histórico para la ciudadanía y para Chile. Por ello, ante la carencia de un enfoque participativo y de una implementación que no garantiza el reconocimiento del lazo entre ciudadanía y Estado, consideramos nuestra obligación en tanto actores sociales y políticos que han demandado por largo tiempo una nueva Constitución hacer una propuesta política que recoja esta riqueza olvidada y que emerja desde la propia sociedad civil.

Consideramos que estamos viviendo un momento político auspicioso para emprender un proceso de deliberación e incidencia ciudadana  para el cambio constitucional. Por esto, estamos en la tarea de implementación de lo que hemos denominado “Encuentros Territoriales” con una metodología especialmente diseñada y que ponemos a disposición para hacer un aporte desde la vereda ciudadana y contribuir al proceso de construcción de la Nueva Constitución. La iniciativa impulsada por la Asociación Chilena de ONG, ACCIÓN, “Prácticas Ciudadanas para una Nueva Constitución”, cuenta con la colaboración de la Escuela de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Buscamos que este modelo participativo tenga un alcance nacional, pero queremos ser responsables y, es por esto que este proceso, además de requerir una validación, necesita articular un debate ciudadano que tiene como objetivo el generar propuestas para construir una Nueva Constitución, y así garantizar el reconocimiento y la participación efectiva de la sociedad civil  en el sistema político y la gestión pública en Chile.

A partir del 14 de abril y comenzando en la histórica Población Herminda de la Victoria de la comuna de Cerro Navia, organizaciones locales, comunitarias, ciudadanos y dirigentes,  se darán cita durante las próximas cuatro  semanas para reflexionar, debatir y proponer sobre contenidos y mecanismos constitucionales. Luego se sumarán más iniciativas con organizaciones de las comunas de La Florida y Peñalolén.

De esta experiencia, que pretende aportar al nivel de discusión en el proceso constituyente deseamos  demostrar que la sociedad civil organizada debe no solo ser parte de este proceso, sino ser su protagonista principal.