El gobierno del presidente José Antonio Kast, retiró 43 decretos ambientales, el 16 de marzo 2026, los cuales se encontraban en contraloría a la espera de toma de razón, lo cual implicó el congelamiento de la puesta en marcha de las nuevas áreas protegidas, normas de emisión, planes de descontaminación, creación de parques nacionales, reglamentos para el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas (SBAP), dentro del cual se encontraban la declaración de Pingüino de Humboldt como monumento nacional y un plan de protección para la Rana De Darwin.
Este último fue reingresado y aprobado en la semana posterior a su retiro junto al plan de descontaminación del Lago Villarrica, la norma primaria de calidad de aire para el Plomo (altamente Cancerígeno), registro público de sanciones, metas de recolección y valorización asociado a pilas y aparatos eléctricos.
No obstante, existen tres normativas que protegen la vida y salud de las personas que fueron retiradas: “DS-8-2025 ” que establece las Normas de emisión para centrales termoeléctricas, “ DS-32-2025 ” que establece la Norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico (altamente cancerígeno), y “ DS-3-2026 ” que establece norma primaria de calidad de aire para material particulado fino (MP2,5) (Observatorio de Decretos Ambientales, 2026)
En el año 2023, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (en inglés International Agency for Research on Cance- IARC) que forma parte de la Organización mundial de la salud (OMS) clasifica sustancias y exposiciones en cuatro grupos principales según la fuerza de la prueba científica que causan cáncer: el Arsénico pertenece al grupo 1 clasificado como cancerígeno para los seres humanos.
Los contaminantes emitidos por las termoeléctricas, están asociados al tipo de combustible utilizado; ya sea Carbón, Petróleo o Gas, en donde podemos observar, la presencia de material Particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (Sox) y metales pesados, tales como, mercurio (Hg), níquel y vanadio, influye en el deterioro de la calidad del aire, existiendo abundante evidencia sobre los efectos que producen sobre la salud de las personas y el medio ambiente. En efecto, estos contaminantes inciden en una amplia gama de problemas cardiovasculares, respiratorios, especialmente asma entre niños y adultos mayores.
La evidencia científica (Cortes A. et al., 2018) muestra que las emisiones de centrales termoeléctricas a carbón representan un riesgo para la salud de las comunidades expuestas, afectando el desarrollo del feto durante el embarazo, asociándose a niños con muy bajo peso al nacer, menores características antropométricas, prematuridad y menor coeficiente de desarrollo en niños condiciones que mejoran después del cierre de las centrales.
Además, se observa que vivir en zonas con emisión de Mercurio desde fuentes que funcionan con carbón se asocian con mayor riesgo de autismo por daño en el sistema nervioso por su alta neurotoxicidad, mientras que la población adulta, incrementa la incidencia y prevalencia de las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer por contaminación del aire. (Norma de Emisión Para Centrales Termoeléctricas en Calderas Sobre 50 MWt – Normas, 2018)
Por estas razones, es fundamental incidir en la construcción de una política que logre reconocer las enfermedades derivadas de la contaminación como problema de salud pública para otorgar una atención de calidad a las personas afectadas, que vaya desde una atención y diagnóstico oportuno, hasta su tratamiento y rehabilitación, incluyendo la esfera de salud mental como parte fundamental de la transición socio- ecológica justa para todos y todas, especialmente en las zonas de sacrificio de nuestro país como Quintero-Puchuncaví, Coronel, Mejillones, Tocopilla y Huasco.