Cuando una familia queda sin agua o electricidad después de una catástrofe, no estamos frente a un simple debate político. Estamos frente a personas que necesitan respuestas.
Población Manuel Bustos, Viña del Mar, región de Valparaíso. El temporal arrasó con varias viviendas.
Elvis González/EFEEl Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional para cuestionar una norma contenida en la megarreforma que permite impugnar la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe.
Detrás de esa disputa jurídica no podemos perder de vista a las familias que, frente a una emergencia o catástrofe, pueden quedar sin agua, electricidad u otros servicios esenciales y que, aun en medio de una situación extraordinaria, podrían tener que seguir asumiendo sus costos.
Ahí está el verdadero punto de esta discusión. No solo si entre ministros se llamaron por teléfono para dejar al tanto de estas maniobras. No solo en los enredos entre autoridades sino en los por qué y para qué.
Lamentablemente, muchas veces el debate político termina concentrándose únicamente en la disputa entre instituciones o en las declaraciones de las autoridades, mientras las personas que finalmente deberán enfrentar las consecuencias quedan relegadas a un segundo plano.
Una emergencia no se vive desde un escritorio ni se resuelve únicamente en un tribunal. Se vive en una casa que queda sin luz, en una familia que no tiene agua, en niños, niñas y personas mayores sin calefacción o en un hogar que, después de perderlo todo, debe seguir preocupándose por cómo pagar sus cuentas.
Por eso, cuando discutimos normas que pueden afectar el acceso a servicios básicos en contextos de catástrofe, el debate no puede quedarse únicamente en la disputa política, pese a que de ellos dependa el futuro de las personas. También debemos preguntarnos qué consecuencias concretas tendrá para quienes están al otro lado de esas decisiones.
La política pública pierde su sentido cuando dejamos de mirar a las personas para concentrarnos exclusivamente en la institucionalidad. El debate democrático también se empobrece cuando olvidamos que detrás de cada norma, cada recurso y cada decisión existen vidas concretas.
El periodismo, en ese sentido, tiene la responsabilidad fundamental de colaborar en poner esos temas en el centro de la conversación pública. No para tomar partido por una autoridad o por un sector político, sino para recordar aquello que muchas veces se pierde entre titulares, declaraciones y controversias: a quiénes afectan realmente las decisiones que otros están tomando.
Porque cuando una familia queda sin agua o electricidad después de una catástrofe, no estamos frente a un simple debate político. Estamos frente a personas que necesitan respuestas.
Y el punto de partida siempre debiese ser que el debate político, jurídico y técnico comunicacional nunca deje de mirar a las personas.
