Reducir el Estado en materia deportiva no es un ejercicio de eficiencia fiscal, sino un retroceso institucional. Cuidado: no vaya a ser que, por intentar lanzar la bala más lejos, terminemos acortando el alcance de nuestros propios derechos sociales.
Crédito: Imagen creada con inteligencia artificial.
La reciente salida del gabinete de las autoridades del Ministerio del Deporte (Mindep) ha vuelto a exponer la labor de esta cartera, en lo referido a la falta de perfiles idóneos en cargos de alta responsabilidad. Es innegable que los constantes episodios de inexperiencia administrativa afectan la confianza ciudadana e indignan a una comunidad deportiva que demanda seriedad, transparencia y visión de largo plazo.
Sin embargo, el diagnóstico del problema no puede errar el blanco. Aprovechando la coyuntura, citando al Secretario del Partido Nacional Libertario, dueño de la cita que titula esta columna, se ha apresurado en el juzgamiento de la institucionalidad para promover una receta predecible: la eliminación del Mindep bajo el argumento simplista de que "no sirve" o que representa un gasto innecesario para el Estado. Esta propuesta, impulsada desde una lógica, incurre en un cortoplacismo peligroso que confunde un mal proceder coyuntural con la inutilidad del organismo.
Eliminar el Mindep no resolverá la falta de competencias de ciertas autoridades; al contrario, desmantelará la plataforma pública con mayor capacidad actual en articular el deporte como un derecho social, un pilar preventivo de salud pública y un motor de bienestar físico y mental para la población. Reducir el deporte a un ámbito puramente privado o privatizado (como argumenta el mismo militante libertario) significaría un impacto sobre los deportistas de alto rendimiento que dependen en buena parte del financiamiento e infraestructura pública para representar al país, así como desamparar los programas de participación social que fomentan la actividad física en las zonas más vulnerables del país.
El deporte no es un lujo ni un adorno burocrático: es una de las herramientas de cohesión social, construcción de identidad nacional y de salud preventiva más potentes con las que cuenta un Estado. Atacar la existencia de este ministerio revela una profunda incomprensión de su rol integrador. El deporte no es solo medallas o espectáculo profesional; es prevención del delito, integración territorial y orgullo. En momentos donde el país enfrenta complejos desafíos en materia de seguridad, fragmentación comunitaria y salud pública, el deporte actúa como un tejido conector imprescindible, capaz de unir a la sociedad por encima de las divisiones políticas.
La solución ante la ineficiencia no es la amputación institucional, sino la exigencia de estándares técnicos rigurosos. Chile no necesita menos Estado en el deporte; necesita un Estado más profesional, capacitado y transparente. Se requieren autoridades con experiencia comprobada, autonomía técnica y capacidad estratégica para administrar los recursos con eficacia y tender a una gestión más descentralizada con el fortalecimiento de los servicios deportivos municipales.
Exigir la renuncia de funcionarios de confianza del Gobierno que han cometido faltas administrativas en su encargo, es un deber ciudadano; exigir la desaparición del Ministerio del Deporte es una iniciativa irracional.
En conclusión, convendría que quienes promueven este tipo de propuestas revisaran sus propios principios doctrinales. Su ideario afirma que la Constitución Política es la norma suprema a la cual debe sujetarse todo ordenamiento legal. Conviene recordarles que nuestra Carta Fundamental, en su artículo 5.°, incorpora los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y consagra el fomento del deporte como un deber explícito del Estado. Este compromiso se fortalece con instrumentos vinculantes como las convenciones sobre los Derechos del Niño, los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer.
Reducir el Estado en materia deportiva no es un ejercicio de eficiencia fiscal, sino un retroceso institucional. Cuidado: no vaya a ser que, por intentar lanzar la bala más lejos, terminemos acortando el alcance de nuestros propios derechos sociales.
