Lo que pedimos quienes trabajamos en estos programas es doble: que se amplíen los cupos y que se nos fiscalice mejor, incluidos los informes que nosotros mismos firmamos.
Según recientes informes del MINEDUC, el Programa de Integración Escolar (PIE) alcanzó la mayor cobertura desde que existen registros —473.834 estudiantes con necesidades educativas especiales durante 2025, el 13,38% de la matrícula—.
A propósito de esa información ha vuelto a instalarse una sospecha: que detrás de ese aumento existiría un sobrediagnóstico. Se suma a otra que viene circulando hace un tiempo, la de que habría una sobredotación de profesionales en los programas de integración. Ambas apuntan en la misma dirección. Sin embargo, la misma cobertura de prensa señalaba que el sistema enfrenta una demanda cada vez mayor sin que los recursos y apoyos hayan crecido al mismo ritmo.
Según el Mineduc, entre 2016 y 2025, los estudiantes con necesidades educativas permanentes pasaron de 68.633 a 132.884, es decir, prácticamente se duplicaron, mientras las transitorias, que son bastante más numerosas, crecieron proporcionalmente menos de la mitad. Lo que creció con mayor rapidez no fue el diagnóstico liviano y discutible, sino aquel que exige apoyos durante toda la escolaridad.
Ahora bien, mientras esa población crecía, hubo una cifra que permaneció inmóvil. El Decreto 170, que regula el funcionamiento del PIE, establece en su artículo 94 que los establecimientos “podrán incluir por curso un máximo de 2 alumnos con necesidades educativas especiales permanentes y 5 con necesidades educativas especiales transitorias”. El mismo artículo admite excepciones autorizadas caso a caso, pero el cupo base sigue siendo el de siempre. Dicho de otro modo, la demanda se duplicó y lo que cada sala puede recibir es exactamente lo mismo que hace dieciséis años.
Ya lo constató la Contraloría General de la República. En su auditoría al PIE, el organismo consultó a 83 establecimientos educacionales y 82 de ellos declararon tener estudiantes con necesidades educativas especiales que no logran ingresar al programa, precisamente porque —según consigna el informe— “los cupos dispuestos en el artículo 94 del decreto N°170 no logran abarcar la totalidad de alumnos por curso”. La misma auditoría identificó 9.221 cursos con entre 8 y 19 estudiantes con necesidades educativas especiales en una sola aula, y advirtió algo aún más preocupante: que el Ministerio desconoce la cantidad real de niños y niñas con necesidades educativas especiales que hay en el sistema escolar.
Ese estudiante que queda fuera del cupo no desaparece de la sala. Sigue ahí y los equipos lo atendemos igual, con horas que no figuran en ninguna planilla, acrecentando la distancia entre los estudiantes que el programa reconoce y los que efectivamente acompañamos cada semana.
Trabajo desde hace diecisiete años en un Programa de Integración Escolar de un establecimiento de alta vulnerabilidad. Cuando comencé atendía a alrededor de 50 estudiantes de manera permanente y hoy debo brindar apoyo a cerca de 80, con prácticamente las mismas horas de atención. Esto no significa que trabajemos más, aunque también ocurra; significa que cada estudiante recibe menos tiempo del que recibía antes, y que resulta cada vez más difícil ofrecer intervenciones con la intensidad y frecuencia que muchos de ellos requieren para lograr avances reales.
Es legítimo preguntarse si ampliar los cupos no generaría un incentivo a diagnosticar de más. Pero el tope por sala no constituye ningún control de calidad: no revisa informes, no evalúa a los profesionales que los emiten y no distingue entre una evaluación rigurosa y una apresurada. El control efectivo es la fiscalización, y allí la propia Contraloría muestra la magnitud del problema, pues de las 5.413 fiscalizaciones realizadas por la Superintendencia de Educación durante 2023, solo 244 —un 5%— estuvieron referidas al PIE. Lo que pedimos quienes trabajamos en estos programas es doble: que se amplíen los cupos y que se nos fiscalice mejor, incluidos los informes que nosotros mismos firmamos.
No propongo una fórmula uniforme de tantos profesionales por tantos estudiantes; la educación diferencial no admite promedios tecnocráticos. Propongo algo bastante más acotado, que ni siquiera requiere una ley ni tramitación en el Congreso, dado que se trata de un decreto y puede modificarse por la vía administrativa: que el cupo deje de depender del tamaño de la sala y pase a reconocer la intensidad real del apoyo que cada estudiante necesita, acompañado de una mejor fiscalización externa.
