En la izquierda chilena hay muchas conversaciones sobre tecnología, pero faltan definiciones. Hay parlamentarias y parlamentarios que han estudiado el tema, académicos advirtiendo sobre la concentración de infraestructura, organizaciones que documentan violencia digital y equipos técnicos redactando proyectos, pero todo eso ocurre en paralelo, sin traducirse en discusión colectiva ni en propuesta común. Cuando alguien pide la posición de la izquierda sobre soberanía digital, aparece un verbo: regular.
Viene bien decirlo esta semana, cuando parte de esa izquierda viaja a Montevideo para el Congreso Panamericano, encuentro cuyo lema es la soberanía entre las naciones y al que asisten Gabriel Boric, Camila Vallejo, Jeannette Jara y Giorgio Jackson, entre otros. Si soberanía significa algo hoy, significa discutir quién decide sobre la infraestructura que ya organiza la vida material del país.
Mientras el debate público se concentra en si los algoritmos discriminan, en Chile se instalan centros de datos que demandan agua y electricidad en zonas con estrés hídrico, se negocian trazados de cables submarinos hacia Asia y se sostiene una capa de trabajo barato y tercerizado, mayoritariamente femenino, que etiqueta datos y modera contenido para que los modelos funcionen. La estructura resulta familiar para quienes vienen de la tradición que aprendió a leer la relación entre centro y periferia, territorio, agua, energía y trabajo precario de este lado, propiedad intelectual y capacidad de decisión del otro.
Regular es una gramática defensiva que llega después y acepta los términos de aquello que pretende ordenar, al decir que hay que regular la inteligencia artificial ya se concedió que se trata de un hecho de la naturaleza que sucede en otra parte y que a nosotros nos toca administrar sus daños.
Una fuerza política que dispone sólo de ese repertorio termina haciendo de contraparte técnica de una agenda que no escribió porque le deja el monopolio de hablar del futuro a otros. Nada de esto implica que regular esté de más, es un paso necesario que debemos dar, pero ni siquiera fuimos capaces de darlo estando en el gobierno y la actual administración ya expuso su idea de una ley marco orientada a la inversión y la competitividad, y anuncia indicaciones para reescribirlo.
La otra respuesta disponible es desarrollar capacidades propias, y ahí conviene plantear una advertencia. Chile lleva años ofreciéndose como puerta de entrada digital del cono sur, y lo hace en medio de la disputa entre Estados Unidos y China por la infraestructura del continente, donde cada inversión, cada cable y cada estándar técnico viene con condiciones. Escoger entre Silicon Valley y Shenzhen no pareciera ser un acto de soberanía, sino más bien elegir al patrón. Y si el proyecto propio reproduce la misma matriz de acumulación con título local.
Lo interesante es que la respuesta no está tan lejos, pareciera estar en lo que entendemos por socialismo, y en Chile eso tiene una forma histórica bastante precisa, porque el socialismo a la chilena discutió exactamente esto cuando se preguntó a quién pertenecen los recursos estratégicos, quién planifica, con qué participación de los trabajadores y para qué modelo de desarrollo.
El proyecto Synco, aquella red que buscó gestionar el área social de la economía con criterio democrático, fue la intuición de que la tecnología organiza poder y que por lo tanto se discute políticamente. Ese es el hilo que hay que retomar, sin nostalgia, para preguntarse quién decide sobre el agua y la energía que consumen los datos, qué renta deja esa infraestructura en los territorios, en qué condiciones trabaja la gente que sostiene la industria y qué decisiones públicas no deberían automatizarse nunca, porque el cuidado, la educación o el juicio clínico no mejoran por volverse más rápidos.
A eso hay que sumarle la mirada feminista. Los datos son relaciones sociales sedimentadas, de modo que el problema empieza antes del sesgo, en quién define qué merece automatizarse, quién queda representado como caso y quién como riesgo, y en que buena parte del trabajo invisible de esta industria recae sobre mujeres precarizadas.
Nada de esto está zanjado, y por eso es importante plantearlo antes de que la discusión llegue resuelta desde afuera. El llamado es a los partidos de izquierda, que pongan esto en tabla, que sus congresos y comisiones programáticas produzcan definiciones y no solo diagnósticos, y que se tomen colectivamente, con las organizaciones y comunidades que ya conviven con esta infraestructura.
Mientras eso no ocurra, la pregunta sigue siendo qué van a plantear nuestros dirigentes cuando viajen a hablar de soberanía a encuentros como el de Montevideo, y la respuesta no debería depender de la lucidez de quien tome el micrófono.
