Nos han enseñado a imaginar la inteligencia artificial como algo etéreo: una «nube» que flota sobre nuestras vidas, sin peso, sin lugar, sin consecuencias materiales. Pero la nube tiene territorio. Bebe agua de acuíferos concretos, consume energía de redes concretas, se construye con cobre y litio extraídos de territorios concretos: casi siempre los nuestros. Mientras la conversación global sobre IA se llena de abstracciones, América Latina vuelve a ocupar el rol que la ecología política conoce de memoria: el de proveedora silenciosa de los insumos de una revolución que otros dirigen.
Esa tensión atravesó, aunque no siempre de manera explícita, el V Encuentro Internacional de la Red STEM Latinoamérica, que reunió en Lima, entre el 21 y el 23 de julio, a más de 200 instituciones de 14 países bajo el lema «Colaborar para transformar: juntos por comunidades y territorios sostenibles». No es casual que la red haya puesto en una misma frase a las comunidades, los territorios y la transformación educativa. La aceleración de la inteligencia artificial y la crisis climática no son dos agendas paralelas: son la misma pregunta sobre quién decide el futuro de nuestros ecosistemas —digitales y biológicos— y quién sólo lo padece.
Los datos obligan a mirar esta convergencia sin ingenuidad. La Agencia Internacional de Energía proyecta que el consumo eléctrico de los centros de datos se duplicará hacia 2030, alcanzando cerca de 945 TWh anuales, más que el consumo actual de Japón.
¿Cómo se rompe ese guión? El encuentro de Lima apuntó a la respuesta menos glamorosa y más transformadora: la educación. Nuestros estudiantes ya usan inteligencia artificial todos los días; la pregunta que los docentes se están haciendo es que tanto la comprenden. Y aquí conviene ser precisos, porque «usar» es apenas el mínimo.
Buena parte de esa infraestructura busca instalarse en nuestra región, atraída por energía barata y regulaciones flexibles, mientras comunidades desde Quilicura hasta Querétaro preguntan, con razón, cuánta agua costará cada consulta a un chatbot. Si la transición energética ya mostró que lo «verde» puede reproducir dinámicas coloniales, la revolución de la IA amenaza con repetir el guión: nosotros ponemos el litio, el sol y los datos; otros deciden qué se construye con ellos.
¿Cómo se rompe ese guión? El encuentro de Lima apuntó a la respuesta menos glamorosa y más transformadora: la educación. Nuestros estudiantes ya usan inteligencia artificial todos los días; la pregunta que los docentes se están haciendo es que tanto la comprenden. Y aquí conviene ser precisos, porque «usar» es apenas el mínimo.
Lo que necesitan niñas, niños y jóvenes de la región es avanzar hacia la fluidez digital: la capacidad de comprender, dirigir, cuestionar y crear con la tecnología que está moldeando sus vidas. No hablamos de formar consumidores hábiles de herramientas, sino ciudadanos con agencia sobre los sistemas que hoy deciden (con sesgos incluidos) desde qué noticias leen hasta qué agua se prioriza en una cuenca.
Esa fluidez no aparece por ósmosis. Se cultiva estudiando las ciencias digitales como las ciencias de la computación, la ciencia de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, como disciplinas escolares, no como accesorios tecnológicos. La ciencia detrás de la IA permite entender cómo funcionan estos sistemas y qué problemas plantean: sesgo algorítmico, desinformación, decisiones automatizadas sin rendición de cuentas.
La ciencia de datos permite cuestionar sus resultados entendiendo los datos que los alimentan, incluidos los datos climáticos que definirán las políticas de adaptación de nuestros territorios. La brecha entre quienes solo usan la IA y quienes la comprenden es la nueva brecha de oportunidades, y se ensancha más rápido precisamente en las comunidades que menos pueden permitirse otra: las rurales, las indígenas, las que ya cargan con los costos ambientales del modelo.
Desde Chile, esta discusión no es abstracta. En el sur de Chile, por poner un ejemplo, conocemos escuelas rurales donde la conectividad sigue siendo una promesa y los docentes que se forman en estas materias a pulso, acompañándose por ONGs que cada año deben defender su existencia y agencias que sufren de la incertidumbre de los recortes fiscales ocurriendo actualmente.
Es por esta razón que importa que la hoja de ruta educativa a nivel nacional comprometa financiamiento para la formación docente continua y acceso equitativo a la tecnología en escuelas rurales y urbanas. Los ministerios de educación de la región, los gobiernos que negocian la instalación de centros de datos y las empresas que se benefician de nuestros territorios deben traducir esos acuerdos en presupuestos, currículos y plazos verificables.
La generación que hoy está en nuestras aulas usará estos sistemas o decidirá para qué existen. La fluidez digital es la diferencia entre ambos destinos y garantizarla no puede depender del lugar donde naciste, con cuantos recursos cuenta tu familia, o tu raza o género. Como tampoco puede depender de esto respirar aire limpio o tener agua. No se trata solo de preparar a nuestros estudiantes para una economía que cambia: se trata de formar a quienes deberán regenerar, con conocimiento. Eso no es únicamente una apuesta pedagógica. Es una exigencia ética.
