Este lunes continuó el desarrollo de una nueva jornada de formalización en contra de cinco imputados por fraude al fisco en el marco del caso ProCultura, que investiga posible desvío de fondos públicos desde el Gobierno Regional Metropolitano —liderado por Claudio Orrego— a la fundación.
La formalización se desarrolla en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago tras la solicitud del fiscal regional de Antofagasta Juan Castro Bekios, quien reunió los antecedentes necesarios para acusar formalmente a los imputados.
Entre los imputados, se formalizó al cofundador de ProCultura, el psiquiatra Alberto Larraín, a su representante legal Constanza Gómez; a María Teresa Abusleme, jefa de estudios de la fundación; y a Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE Metropolitano.
Por el momento, todos se encuentran con la medida transitoria de prisión preventiva —con excepción del quinto imputado, Gabriel Prado, pareja de Abusleme— hasta que finalice la formalización y el tribunal defina las cautelares oficiales.
El caso ProCultura, fundación creada en 2009 por el psiquiatra Alberto Larraín —formalizado hoy— y la fotógrafa Ilonka Csillag, investiga cerca de $6 mil millones en contratos públicos adjudicados a la fundación, principalmente con gobiernos regionales, y que podrían haber sido gestionados de manera irregular.
Uno de los convenios más relevantes, firmado con el GORE Metropolitano, motivó detenciones recientes y la imputación del gobernador Claudio Orrego, cuyo desafuero ya fue solicitado por el Ministerio Público en septiembre de 2025.
ProCultura se presentaba como una entidad sin fines de lucro dedicada a generar oportunidades de desarrollo comunitario mediante acciones culturales, patrimoniales e identitarias. Sin embargo, entre 2021 y 2022, sus ingresos provenientes de contratos con reparticiones públicas crecieron de $316 millones a más de $3.200 millones, generando sospechas sobre la correcta administración de los fondos.
La investigación, conocida como Caso Convenios, incluye contratos en diversas regiones del país, como Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes.
Según el Ministerio Público, los recursos podrían haber sido desviados de programas como “Quédate”, destinado a la prevención del suicidio, a través de adjudicaciones con posibles vínculos personales entre Larraín y autoridades regionales.
El proceso judicial del caso ProCultura ha estado marcado por la inestabilidad en la fiscalía, con la salida de dos persecutores inicialmente a cargo de la investigación. Carlos Palma, de la Fiscalía Regional de Aysén, fue apartado tras verse involucrado en el caso Audios, vinculado a contactos inapropiados con el abogado Luis Hermosilla, y por su eventual participación en filtraciones de información confidencial.
Posteriormente, el fiscal Patricio Cooper, de la Fiscalía Regional de Coquimbo, asumió la causa, pero también fue removido. La decisión se produjo luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegal la intervención telefónica a Josefina Huneeus, psiquiatra y expareja de Alberto Larraín, a través de la cual se había accedido a conversaciones sensibles, incluyendo contactos con la el presidente Gabriel Boric.
Estas controversias generaron retrasos en la investigación y tensionaron la labor del Ministerio Público, al mismo tiempo que despertaron preocupación sobre el manejo de pruebas telefónicas y la protección de la privacidad de terceros, especialmente de personas vinculadas indirectamente a la fundación.
Con ello, hasta la fecha se han solicitado escuchas telefónicas de más de 80 personas, incluyendo funcionarios de ProCultura, exautoridades regionales y figuras políticas como Giorgio Jackson, Miguel Crispi y exgobernadores de varias regiones.
