Expertos y el defensor de la Niñez entregan sus dudas respecto a los cambios que el gobierno pretende hacer a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Imagen referencial sobre el Poder Judicial - Agencia Uno
El debate sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) volvió a instalarse con fuerza luego de una serie de delitos de alta connotación pública protagonizados por adolescentes en distintas zonas del país.
En ese contexto, el gobierno de José Antonio Kast anunció una reforma que permitiría, de manera excepcional, que jóvenes de 16 y 17 años acusados de cometer delitos especialmente graves puedan ser juzgados bajo las reglas del sistema penal adulto.
La iniciativa surge tras una sucesión de hechos violentos registrados durante las últimas semanas, entre ellos homicidios, robos con resultado de muerte y otros delitos en los que han participado adolescentes, generando presión política para endurecer las sanciones sin modificar la edad de responsabilidad penal.
El Ejecutivo trabaja sobre una moción parlamentaria para establecer un mecanismo excepcional que permita solicitar el traslado de determinados adolescentes a la justicia penal ordinaria cuando enfrenten cargos por delitos de extrema gravedad.
Actualmente, la Ley N° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente establece un sistema especializado para quienes tienen entre 14 y 17 años, con tribunales, procedimientos y sanciones diferenciadas respecto del sistema penal adulto.
Este régimen busca compatibilizar la responsabilidad por los delitos cometidos con el desarrollo evolutivo de niños, niñas y adolescentes, privilegiando además la reinserción social como uno de sus objetivos centrales.
La propuesta que prepara el gobierno no reduce la edad de imputabilidad penal, sino que crea una excepción para ciertos delitos considerados especialmente graves.
La directora del Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Autónoma, Valeska Rivas, explicó a El Desconcierto que el cambio modificaría sustancialmente el tratamiento jurídico de determinados casos.
La académica explicó que la propuesta contempla que, para un grupo acotado de delitos, el Ministerio Público pueda solicitar que un adolescente de 16 o 17 años sea trasladado a la jurisdicción penal ordinaria.
Según detalló, esa solicitud deberá ser resuelta por un juez considerando factores como la gravedad del delito, el grado de participación, el historial delictual y el riesgo para la sociedad.
Además, indicó que también se estudia incorporar reglas de reincidencia desde los 14 años y el eventual traslado a recintos penitenciarios para adultos cuando el condenado cumpla 18 años y aún tenga pena pendiente.
Sin embargo, Rivas advirtió que la reforma presenta importantes riesgos jurídicos.
Añadió que, si la excepción deja de ser verdaderamente excepcional y comienza a aplicarse por presión mediática, podría vaciar de contenido el principio de especialización que contempla la legislación nacional y los tratados internacionales sobre infancia.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo a El Desconcierto que los recientes hechos de violencia requieren una respuesta firme, pero advirtió que aumentar las sanciones por sí solo no resolverá el problema.
Quesille afirmó que la seguridad debe abordarse considerando factores previos a la comisión de los delitos.
El defensor agregó que la evidencia disponible no respalda el endurecimiento de penas como principal herramienta para disminuir la delincuencia juvenil.
Finalmente, llamó a impulsar una discusión más amplia sobre las causas estructurales del fenómeno.
La discusión sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente enfrenta dos visiones que hoy conviven en el debate público.
Por un lado, el Gobierno busca responder al aumento de delitos violentos protagonizados por adolescentes mediante un endurecimiento excepcional del sistema para los casos más graves.
Por otro, especialistas en derecho penal y organismos dedicados a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes advierten que cualquier modificación debe preservar el carácter especializado del sistema y fortalecer las políticas de reinserción social, prevención y protección, evitando que la respuesta penal termine desplazando las medidas que, según la evidencia comparada, tienen mayor impacto en la reducción de la reincidencia.
