Una revisión del gobierno a más de 500 servicios públicos detectó transferencias sin acreditación de rendiciones, lo que activaría acciones.
En el marco de la Inspección Total al Estado, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal realiza su cuarta sesión de trabajo - Agencia Uno
Las auditorías del gobierno de José Antonio Kast volvieron a poner el foco sobre las transferencias de recursos públicos a fundaciones, pues un informe de la denominada Inspección Total al Estado detectó que existen más de $1,4 billones en transferencias cuyos respaldos de rendición no han sido acreditados, situación que fue catalogada como una alerta de riesgo fiscal y que será objeto de nuevas revisiones.
De acuerdo con lo informado por Biobío, el hallazgo forma parte de una auditoría masiva desarrollada por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), organismo que revisó la ejecución de recursos en más de 500 servicios públicos. Según precisó el Ejecutivo, la cifra corresponde a montos pendientes de acreditación documental y no constituye, por sí sola, una irregularidad o delito acreditado, aunque sí amerita investigaciones y procesos de regularización.
El informe identificó que existen transferencias por más de $1,4 billones vinculadas a fundaciones y otras entidades receptoras de recursos públicos donde la documentación disponible no permite acreditar adecuadamente la rendición de los fondos.
Este hallazgo se enmarca dentro de la revisión integral impulsada por el gobierno para evaluar la correcta utilización de los recursos fiscales, proceso que busca identificar riesgos administrativos antes de determinar eventuales responsabilidades.
Qué significa que las transferencias no estén acreditadas
El Ejecutivo explicó que la falta de acreditación no implica automáticamente que exista un uso irregular del dinero, sino que refleja la inexistencia o insuficiencia de antecedentes que permitan verificar correctamente la rendición de esos recursos.
En ese contexto, la auditoría contempla que cada servicio público involucrado deberá completar las revisiones correspondientes y, cuando corresponda, iniciar procedimientos administrativos o remitir los antecedentes a los organismos competentes. Según informó el Gobierno en los resultados de la Inspección Total al Estado, el objetivo es fortalecer los mecanismos de control y resguardar el uso de recursos fiscales.
Tras conocerse el informe, desde el Gobierno recalcaron que los antecedentes corresponden a alertas detectadas durante el proceso de auditoría y no a conclusiones definitivas sobre eventuales irregularidades.
El Ejecutivo enfatizó que las observaciones levantadas forman parte del trabajo preventivo del sistema de auditoría interna y que será cada organismo el encargado de revisar los casos específicos para determinar si existen incumplimientos o si las rendiciones pueden ser regularizadas.
Asimismo, la administración sostuvo que el proceso busca reforzar la transparencia y mejorar los controles sobre el destino de los recursos públicos, especialmente en materia de transferencias a fundaciones y otras organizaciones que ejecutan programas financiados por el Estado.
La detección de estas observaciones se inserta en la Inspección Total al Estado, una revisión que abarca a más de 500 servicios públicos y que considera millones de registros administrativos para identificar riesgos en diversas áreas de gestión.
Según informó previamente el gobierno al presentar esta auditoría, el trabajo busca fortalecer los mecanismos de control interno, mejorar la trazabilidad de los recursos fiscales y detectar oportunamente situaciones que requieran una revisión más profunda antes de establecer eventuales responsabilidades administrativas o judiciales.
