El presidente José Antonio Kast ha implementado una política de "desmantelamiento" en derechos LGBTIQ+, según denuncian organizaciones.
Día del Orgullo. El "desmantelamiento" de Kast a los derechos LGBTIQ+. Créditos: Agencia Uno.
En una nueva conmemoración este 28 de junio del Día Internacional del Orgullo, distintas organizaciones de la diversidad sexual han manifestado preocupación por lo que consideran un "desmantelamiento" en materia de derechos LGBTIQ+ desde que asumió la actual administración del presidente José Antonio Kast.
El debate se ha intensificado en medio de un escenario marcado por un aumento de la percepción de los discursos de odio en redes sociales y un alza en las denuncias por discriminación, mientras el Ejecutivo ha impulsado o respaldado una serie de medidas que han generado críticas desde agrupaciones defensoras de los derechos humanos.
Desde Fundación Iguales explican a El Desconcierto un plan de "desmantelamiento deliberado en materia de protección de la comunidad LGBTIQ+". En ese sentido, no se trata de un gobierno que "no priorice" estos temas, más bien de un Ejecutivo que "activamente los desmonta".
Uno de los primeros hechos concretos ocurrió en marzo, en el ámbito internacional. Por primera vez en 15 años, Chile votó en contra de la declaración anual sobre derechos de las personas LGBTIQ+ impulsada en la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde el gobierno se argumentó que el documento promovía una "división" entre los países de la región.
El texto elaborado por Core Group LGBTIQ+ consignaba compromisos como la promoción y defensa de los derechos humanos de la comunidad, que serían prioridad de la política exterior de los gobiernos. Además, se reconocía el respeto y la dignidad humana como pilares de la democracia.
Se suma en el mismo mes la marcha atrás del único sondeo que recogía datos representativos de la comunidad, luego de que el gobierno quitara el financiamiento para el desarrollo de la Encuesta Diversidades del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Tuvo que pasar un mes para un nuevo anuncio desalentador, esta vez en materia sensible como es la salud. En el marco de los recortes de Hacienda instruidos a todos los ministerios, el ministro Jorge Quiroz instruyó el recorte y las descontinuación de programas en beneficio de niñas, niños y adolescentes trans, medida que provocó críticas por parte de organizaciones vinculadas a la diversidad sexual.
En concreto, quedan sin financiamiento el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) —también conocido como "Crece con Orgullo"— que brinda acompañamiento psicosocial y comunitario a niñas, niños, adolescentes trans y sus familias, en la Atención Primaria de Salud (APS).
Sin embargo, el programa peligraba desde la discusión de la Ley de Presupuestos 2026, cuando el Congreso rechazó su financiamiento para un nuevo año, es decir, no fue incluido en la partida de gastos. Para ese entonces, desde la Defensoría de la Niñez calificaban los hechos como una "regresión grave".
Asimismo, también queda descontinuado el Programa Salud Trans, que ofrece prestaciones médicas dentro de la red asistencial, a través de tratamientos de hormonización, evaluaciones y derivaciones a cirugías de afirmación de género.
Otro de los puntos sensibles repercute en materia de educación. A finales de abril, la Superintendencia de Educación derogó la Circular N° 781, normativa que establecía la obligación de establecimientos educacionales de contar con protocolos de identidad de género para resguardar y proteger a estudiantes trans.
La normativa también establecía que los establecimientos debían contemplar medidas de acompañamiento para estudiantes que estuvieran atravesando un proceso de transición de género. Asimismo, reconocía el derecho de niñas, niños y adolescentes a vestir el uniforme o la indumentaria deportiva de acuerdo con su identidad de género, sin que ello dependiera de que hubieran completado el cambio legal de nombre o sexo registral.
Finalmente, el debate también alcanzó al lenguaje inclusivo utilizado por los organismos públicos. Parlamentarios del oficialismo solicitaron al presidente Kast prohibir cualquier "distorsión gramatical en razón de género, etnia u otro tipo de clasificación identitaria" en documentos oficiales del Estado.
En concreto, cualquier medida emanada de organismos del Estado que utilice el lenguaje inclusivo —que no solo se limita a la comunidad LGBTIQ+— quedará sin efecto.
Los cambios hechos por el presidente Kast a casi 4 meses de asumido el gobierno se dan en un contexto de aumento en la percepción de los discursos de odio hacia personas LGBTIQ+, especialmente en redes sociales, según constata un estudio elaborado por Ipsos Chile en conjunto con Fundación Iguales.
Asimismo, el último informe del Movilh reportó que los casos y denuncias por discriminación contra personas de la diversidad sexual y de género aumentaron un 27,1% durante 2025, alcanzando el nivel más alto registrado por la organización.
En ese sentido, "cada una de las medidas del presidente Kast cuentan una intención muy clara. Este gobierno sabe exactamente lo que está haciendo. Nosotros también lo sabemos y por eso hemos estado documentando y denunciando esto, y vamos a seguir haciéndolo", concluyen desde Fundación Iguales.
