La Cámara aprobó una resolución que solicita al presidente Kast eliminar el uso del lenguaje inclusivo de los organismos del Estado.
Solicitan al presidente Kast eliminar uso de lenguaje inclusivo de organismos del Estado.
En el Mes del Orgullo, con 85 votos a favor la Sala de la Cámara aprobó la Resolución N° 18 impulsada por la UDI que solicita al presidente José Antonio Kast la eliminación del lenguaje inclusivo de los servicios de administración pública y del Estado, medida que generó el rechazo entre quienes forman parte de la comunidad LGBTIQ+.
Además de los votos del oficialismo, la solicitud contó con el respaldo del PDG. La medida elimina inmediatamente "cualquier distorsión gramatical en razón de género, etnia u otro tipo de clasificación identitaria".
Tras conocerse el resultado de la votación, los parlamentarios del oficialismo aplaudieron con entusiasmo dejando entrever su satisfacción por el avance de esta medida.
Asimismo, cualquier documento o resolución que utilice el lenguaje inclusivo quedarían "sin efecto" mientras sigan esa línea gramatical.
Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) calificaron el resultado de la votación como una "pésima señal" ya que los parlamentarios tomaron una decisión "sin siquiera contar con una definición clara de lo que entienden por lenguaje inclusivo".
En ese sentido, acusan un intento por "censurar formas de expresión que algunas personas utilizan para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social".
Asimismo, recordaron que "el lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición", más bien forma parte de la democracia y la libertad de expresión.
Para la organización el proyecto impulsado por la UDI tiene claros tientes ideológicos "que no toman en cuenta los cambios culturales y sociales".
En el Movilh advierten de un "negativo impacto" en la comunidad LGBTIQ+, personas que históricamente han sido excluidas en diversos espacios de la sociedad.
En ese sentido, las personas trans y no binarias requieren "de un lenguaje inclusivo" que garantice su no discriminación, "tal y como lo exige la Ley Zamudio y lo ha planteado la jurisprudencia".
